Este 2023 se han cumplido 75 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, un hito histórico que ha servido, desde su aprobación, para construir, a partir del sistema de Naciones Unidas, un marco de referencia básico para la vindicación de la vida, para proyectar horizontes de progreso y garantizar la dignidad de los pueblos.
Un documento, en fin, que interpela a gobiernos y poderes económicos, un texto que sigue vivo y que debe ayudarnos a perfilar una nueva agenda común acorde a los nuevos tiempos, a pesar del incumplimiento sistemático en la mayoría de los países de las más de quinientas lenguas a las que ha sido traducido.
Aún hoy, el ideal de la Declaración aviva de hecho los movimientos por las libertades civiles y las luchas por la igualdad y la justicia social en todo el mundo, a modo de guía o marco de actuación de los pueblos que resisten en demanda del buen vivir y la defensa de principios básicos de convivencia.
Cierto es que la celebración del aniversario tiene lugar en un momento de grave crisis global impugnatorio del valor efectivo de la Declaración, con guerras genocidas como la desplegada contra el pueblo palestino por Israel, o la ola neofascista que amenaza derechos fundamentales y extiende el discurso del odio por todos los medios imaginables sin apenas contención.
La falta de firme voluntad política de la mayoría de los gobiernos en la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 y el crecimiento de la desigualdad y la pobreza en el mundo mientras se concentra la riqueza en las oligarquías cosmopolitas del gran capital transaccional hacen por ello urgente un compromiso histórico de la ciudadanía para disputar el sentido común dominante en la actual coyuntura histórica y avanzar propuestas y plataformas colectivas en pro de la justicia global y de la vindicación.
Iniciativas enterradas en la agenda informativa de los medios tras el caso Pinochet, como la justicia universal frente a la impunidad de los poderes fácticos y criminales de guerra que, hoy por hoy, ponen en serio peligro incluso la supervivencia de la propia especie y del planeta.
Todos somos conscientes que los retos que ha de afrontar la humanidad en los próximos años son descomunales. Tanto que la percepción generalizada del común de la gente es la imposibilidad de cambiar el curso de la historia, presa de la sensación de impotencia y vulnerabilidad ante los abusos de los poderes económicos hegemónicos.
Si pensamos en Andalucía, la situación no puede resultar más acuciante. A la cabeza de los índices de pobreza infantil de la Unión Europea (UE), concentramos diez de los quince barrios más pobres del país, un déficit de infraestructuras y desequilibrios económicos notorios, más allá de la financiación insuficiente de la autonomía, y una dinámica de vulneración acentuada y continua de derechos fundamentales que se traduce en menor esperanza de vida y la pérdida del principio esperanza con el que afrontar el futuro como comunidad política.
Ante el inicio de esta XV Legislatura, hemos asumido, en congruencia, el reto de movilizar a la sociedad civil andaluza y construir porvenir en común con ilusión y decidida voluntad de exigir lo que corresponde a los poderes públicos, empezando con una proposición no de ley dirigida a promover desde el Ministerio de Derechos Sociales un plan de choque contra los barrios y vecinos olvidados de nuestras ciudades.
Fieles al legado del padre Bartolomé de las Casas, nos negamos a aceptar, en pleno siglo XXI, pensando desde el sur y desde abajo, la indignidad del colonialismo interno y el mal endémico de un sistema económico excluyente que niega la igualdad y la justicia social en virtud de las supuestas imperfecciones de la democracia.
Un sistema de representación que no tiene la virtud de luchar denodadamente y corregir tales desmanes no puede apelar al demos ni tiene razón de ser. Del mal gobierno de la mano invisible de los poderes del IBEX 35 a la servidumbre de los profesionales del silencio, sirva pues la conmemoración de este 75.º aniversario para desplegar el principal derecho que animó y da sentido a la Declaración: el derecho a luchar por tener derechos, pues es sabido que todo derecho que no se defiende –así reza la memoria de los pueblos– es derecho que se pierde. Y en Andalucía, las clases populares aprendimos bien la lección.
Un documento, en fin, que interpela a gobiernos y poderes económicos, un texto que sigue vivo y que debe ayudarnos a perfilar una nueva agenda común acorde a los nuevos tiempos, a pesar del incumplimiento sistemático en la mayoría de los países de las más de quinientas lenguas a las que ha sido traducido.
Aún hoy, el ideal de la Declaración aviva de hecho los movimientos por las libertades civiles y las luchas por la igualdad y la justicia social en todo el mundo, a modo de guía o marco de actuación de los pueblos que resisten en demanda del buen vivir y la defensa de principios básicos de convivencia.
Cierto es que la celebración del aniversario tiene lugar en un momento de grave crisis global impugnatorio del valor efectivo de la Declaración, con guerras genocidas como la desplegada contra el pueblo palestino por Israel, o la ola neofascista que amenaza derechos fundamentales y extiende el discurso del odio por todos los medios imaginables sin apenas contención.
La falta de firme voluntad política de la mayoría de los gobiernos en la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 y el crecimiento de la desigualdad y la pobreza en el mundo mientras se concentra la riqueza en las oligarquías cosmopolitas del gran capital transaccional hacen por ello urgente un compromiso histórico de la ciudadanía para disputar el sentido común dominante en la actual coyuntura histórica y avanzar propuestas y plataformas colectivas en pro de la justicia global y de la vindicación.
Iniciativas enterradas en la agenda informativa de los medios tras el caso Pinochet, como la justicia universal frente a la impunidad de los poderes fácticos y criminales de guerra que, hoy por hoy, ponen en serio peligro incluso la supervivencia de la propia especie y del planeta.
Todos somos conscientes que los retos que ha de afrontar la humanidad en los próximos años son descomunales. Tanto que la percepción generalizada del común de la gente es la imposibilidad de cambiar el curso de la historia, presa de la sensación de impotencia y vulnerabilidad ante los abusos de los poderes económicos hegemónicos.
Si pensamos en Andalucía, la situación no puede resultar más acuciante. A la cabeza de los índices de pobreza infantil de la Unión Europea (UE), concentramos diez de los quince barrios más pobres del país, un déficit de infraestructuras y desequilibrios económicos notorios, más allá de la financiación insuficiente de la autonomía, y una dinámica de vulneración acentuada y continua de derechos fundamentales que se traduce en menor esperanza de vida y la pérdida del principio esperanza con el que afrontar el futuro como comunidad política.
Ante el inicio de esta XV Legislatura, hemos asumido, en congruencia, el reto de movilizar a la sociedad civil andaluza y construir porvenir en común con ilusión y decidida voluntad de exigir lo que corresponde a los poderes públicos, empezando con una proposición no de ley dirigida a promover desde el Ministerio de Derechos Sociales un plan de choque contra los barrios y vecinos olvidados de nuestras ciudades.
Fieles al legado del padre Bartolomé de las Casas, nos negamos a aceptar, en pleno siglo XXI, pensando desde el sur y desde abajo, la indignidad del colonialismo interno y el mal endémico de un sistema económico excluyente que niega la igualdad y la justicia social en virtud de las supuestas imperfecciones de la democracia.
Un sistema de representación que no tiene la virtud de luchar denodadamente y corregir tales desmanes no puede apelar al demos ni tiene razón de ser. Del mal gobierno de la mano invisible de los poderes del IBEX 35 a la servidumbre de los profesionales del silencio, sirva pues la conmemoración de este 75.º aniversario para desplegar el principal derecho que animó y da sentido a la Declaración: el derecho a luchar por tener derechos, pues es sabido que todo derecho que no se defiende –así reza la memoria de los pueblos– es derecho que se pierde. Y en Andalucía, las clases populares aprendimos bien la lección.
FRANCISCO SIERRA CABALLERO