El borreguismo pseudoprogresista español está siendo cebado por un marketing político zafio, heredero del agitprop, o propaganda de movimiento continuo, consistente en la agitación continua para obtener réditos políticos. En su favor, tengo que decir que la derecha más rancia le está sabiendo copiar la estrategia. Sin embargo, lo que duele es ver lo engañados que están los que comparten trinchera contigo.
Siguiendo el símil de la trinchera, duele comprobar cómo tus compañeros se dedican a adorar a las mismas ratas que, en la oscuridad de la noche, nos atormentan y nos quitan años de vida. Es incomprensible la manera en que el supuesto progresismo español aplaude el supremacismo catalán.
El último acto ha sido la regulación del mercado del alquiler. Nosotros mismos defendimos en este espacio la necesidad de que el Gobierno regulara este mercado. Sin embargo, lo que ha supuesto esta medida no ha sido un beneficio social, puesto que no ha sido puesta en contexto. Y, sin embargo, está siendo aplaudida por la ignorancia o el fanatismo.
Muchos desconocen que la Generalidad de Cataluña aprovechó el inicio de las vacaciones de agosto para adoptar una medida que fue de todo menos progresista: el Decreto 75/2020, de 4 de agosto, de turismo de Cataluña. La medida tiene numerosas implicaciones. Cataluña y, en concreto, la provincia de Barcelona, ya cuentan con importantes dificultades para el acceso al alquiler por parte de los ciudadanos, así como un creciente descontento con el alquiler turístico. El citado decreto desarrolla, entre otras ocurrencias, el concepto de “hogar compartido”.
El “hogar compartido” es definido por el decreto como “la vivienda principal y residencia efectiva de la persona titular y que se comparte como servicio de alojamiento con terceras personas a cambio de contraprestación económica y para una estancia de temporada. La persona titular debe residir en la vivienda mientras dura la estancia”. Esta estancia debe ser igual o inferior a 31 días.
Esto implica que cualquier persona que cumpla con unos requisitos mínimos –resalto lo de ‘mínimos’–, puede usar los 365 días al año, con un máximo de 31 días por inquilino, cualquier habitación de su casa para el alquiler turístico. No un alquiler privado, sino turístico. El sueño húmedo de los dueños de Airbnb y otras empresas del mismo ramo, que no tardaron en aplaudir la medida.
El propio Sindicato del Alquiler de Barcelona, de manifiestas tendencias independentistas, denunció la medida por sus evidentes efectos: “En lugar de limitar los alquileres turísticos en el centro de la ciudad, tal y como hizo Ámsterdam recientemente, JxCat promueve justamente lo contrario: ampliar las garantías para que los especuladores hagan su negocio y conviertan la ciudad en un parque temático de apartamentos turísticos”.
En la práctica, el decreto supone de por sí una seria reducción de la oferta en Cataluña, con el consiguiente aumento de los precios. El Ayuntamiento de Barcelona, liderado por esa adalid de la hipócrita equidistancia, Ada Colau, reaccionó prohibiendo el alquiler turístico en Barcelona. Para ello, se apoyó en una supuesta ambigüedad del decreto, que acababa dejando su desarrollo en manos de los ayuntamientos.
La regulación del alquiler aprobada ahora, en septiembre, no es otra cosa que una compensación para impedir que la escasa oferta de alquiler no turístico de Cataluña no alcance precios aún más desorbitantes. Por tanto, apoyo y celebro la regulación del precio del alquiler en Cataluña, por supuesto, pero que nadie lo venda como un avance social, porque lo que ha hecho ha sido compensar el enorme daño que se le había hecho a la ciudadanía. ¡Y encima los borregos pseudoprogresistas lo aplauden! ¿Qué hay que aplaudir?
Por cierto, hasta donde sé, a diferencia de las medidas de septiembre, ningún partido ha puesto en duda la legitimidad de la Generalidad para aprobar el decreto de agosto. Aunque se ha hecho desde el prisma del sector turístico, no dejaba de afectar al alquiler. ¡Ay! ¿Cuándo nos enteraremos de que el Capital no tiene patria? ¿Por qué los trabajadores nos la imponemos? ¡Cataluña lo ha vuelto a hacer!
Haereticus dixit.
Siguiendo el símil de la trinchera, duele comprobar cómo tus compañeros se dedican a adorar a las mismas ratas que, en la oscuridad de la noche, nos atormentan y nos quitan años de vida. Es incomprensible la manera en que el supuesto progresismo español aplaude el supremacismo catalán.
El último acto ha sido la regulación del mercado del alquiler. Nosotros mismos defendimos en este espacio la necesidad de que el Gobierno regulara este mercado. Sin embargo, lo que ha supuesto esta medida no ha sido un beneficio social, puesto que no ha sido puesta en contexto. Y, sin embargo, está siendo aplaudida por la ignorancia o el fanatismo.
Muchos desconocen que la Generalidad de Cataluña aprovechó el inicio de las vacaciones de agosto para adoptar una medida que fue de todo menos progresista: el Decreto 75/2020, de 4 de agosto, de turismo de Cataluña. La medida tiene numerosas implicaciones. Cataluña y, en concreto, la provincia de Barcelona, ya cuentan con importantes dificultades para el acceso al alquiler por parte de los ciudadanos, así como un creciente descontento con el alquiler turístico. El citado decreto desarrolla, entre otras ocurrencias, el concepto de “hogar compartido”.
El “hogar compartido” es definido por el decreto como “la vivienda principal y residencia efectiva de la persona titular y que se comparte como servicio de alojamiento con terceras personas a cambio de contraprestación económica y para una estancia de temporada. La persona titular debe residir en la vivienda mientras dura la estancia”. Esta estancia debe ser igual o inferior a 31 días.
Esto implica que cualquier persona que cumpla con unos requisitos mínimos –resalto lo de ‘mínimos’–, puede usar los 365 días al año, con un máximo de 31 días por inquilino, cualquier habitación de su casa para el alquiler turístico. No un alquiler privado, sino turístico. El sueño húmedo de los dueños de Airbnb y otras empresas del mismo ramo, que no tardaron en aplaudir la medida.
El propio Sindicato del Alquiler de Barcelona, de manifiestas tendencias independentistas, denunció la medida por sus evidentes efectos: “En lugar de limitar los alquileres turísticos en el centro de la ciudad, tal y como hizo Ámsterdam recientemente, JxCat promueve justamente lo contrario: ampliar las garantías para que los especuladores hagan su negocio y conviertan la ciudad en un parque temático de apartamentos turísticos”.
En la práctica, el decreto supone de por sí una seria reducción de la oferta en Cataluña, con el consiguiente aumento de los precios. El Ayuntamiento de Barcelona, liderado por esa adalid de la hipócrita equidistancia, Ada Colau, reaccionó prohibiendo el alquiler turístico en Barcelona. Para ello, se apoyó en una supuesta ambigüedad del decreto, que acababa dejando su desarrollo en manos de los ayuntamientos.
La regulación del alquiler aprobada ahora, en septiembre, no es otra cosa que una compensación para impedir que la escasa oferta de alquiler no turístico de Cataluña no alcance precios aún más desorbitantes. Por tanto, apoyo y celebro la regulación del precio del alquiler en Cataluña, por supuesto, pero que nadie lo venda como un avance social, porque lo que ha hecho ha sido compensar el enorme daño que se le había hecho a la ciudadanía. ¡Y encima los borregos pseudoprogresistas lo aplauden! ¿Qué hay que aplaudir?
Por cierto, hasta donde sé, a diferencia de las medidas de septiembre, ningún partido ha puesto en duda la legitimidad de la Generalidad para aprobar el decreto de agosto. Aunque se ha hecho desde el prisma del sector turístico, no dejaba de afectar al alquiler. ¡Ay! ¿Cuándo nos enteraremos de que el Capital no tiene patria? ¿Por qué los trabajadores nos la imponemos? ¡Cataluña lo ha vuelto a hacer!
Haereticus dixit.
RAFAEL SOTO
