Un grupo de trabajadoras de la empresa montillana Monsecor, que presta el servicio municipal de Ayuda a Domicilio, ha convocado para mañana, a las 12.00 del mediodía y en la Plaza de Dolores Ibárruri, una concentración para reclamar una mejora de sus condiciones laborales, una cita prevista para el pasado 14 de marzo que, finalmente, tuvo que ser suspendida por la declaración del estado de alarma a causa de la pandemia del coronavirus.
La protesta, que cuenta con el respaldo de la Coordinadora de Trabajadores de Andalucía (CTA), se enmarca en las distintas acciones que se han venido llevando a cabo en los últimos meses por una parte de la plantilla de la empresa, a la que reclaman que aplique "de manera inmediata" el convenio estatal que regula la prestación de asistencia social pública a dependientes.
El pasado mes de marzo, y en declaraciones a SER Andalucía Centro, el coordinador regional de la CTA, Francisco Moro, aseguró que Monsecor estipula en 1.800 el número de horas que han de computarse anualmente, cifra que supera en 45 horas el límite que, según el sindicato, fija el convenio colectivo estatal.
En ese sentido, Moro aseguró que por parte de Monsecor “no se respeta el convenio estatal” y aclaró que “ya hay un informe de la Inspección de Trabajo que es de aplicación, de obligado cumplimiento”, al igual que la licitación del servicio por parte del Ayuntamiento de Montilla.
De igual manera, desde CTA denunciaron los “incumplimientos normativos” en los que, a su juicio, incurre Monsecor como supresión de descansos intersemanales obligatorios, impago efectivo de salarios y complementos correspondientes a sábados, domingos y festivos o la negativa de la empresa a aceptar el carácter estructural del trabajo desarrollado en fines de semana, además de vulnerar el “paréntesis mínimo establecido entre jornadas laborales”.
Monsecor rechaza las acusaciones
A finales del pasado mes de enero, y frente a la postura defendida ya entonces por la CTA, tanto el grupo de trabajadoras no sindicadas (GNS) como la propia empresa rechazaron que exista negativa alguna a la hora de aplicar el convenio marco del sector de la Dependencia.
De hecho, Esteban Valverde, representante de GNS, aseguró que las declaraciones del representante de CTA respondían básicamente a un "intento de coaccionar a la empresa" y advirtió que la postura tomada por el sindicato "pone en peligro las condiciones laborales de 127 trabajadoras, muchas de ellas con necesidades".
Por su parte, la gerencia de Monsecor defendió que desde el pasado mes de diciembre, y a petición de las propias trabajadoras, la empresa planteó la aplicación del convenio marco, si bien se solicitó un plazo de adaptación de diez meses.
"Entonces, algunas trabajadoras se opusieron porque aplicar el convenio estatal implica acabar con pluses consolidados a través del convenio que se venía aplicando hasta ahora, o en la forma de dar las vacaciones, entre otros aspectos, que el convenio propio mejora", explicó Aurora Requena, gerente de Monsecor, en declaraciones a Montilla Digital.
Monsecor obtuvo en 2018 la mejor puntuación en el proceso de adjudicación del Servicio Municipal de Ayuda a Domicilio, al que el Ayuntamiento de Montilla destina anualmente una partida de 1,8 millones de euros. Una adjudicación que se realizó por un plazo de dos años, si bien la empresa podría continuar con la prestación del mismo por un plazo máximo de cuatro, dado que se permite prorrogar la concesión por dos años más.
La protesta, que cuenta con el respaldo de la Coordinadora de Trabajadores de Andalucía (CTA), se enmarca en las distintas acciones que se han venido llevando a cabo en los últimos meses por una parte de la plantilla de la empresa, a la que reclaman que aplique "de manera inmediata" el convenio estatal que regula la prestación de asistencia social pública a dependientes.
El pasado mes de marzo, y en declaraciones a SER Andalucía Centro, el coordinador regional de la CTA, Francisco Moro, aseguró que Monsecor estipula en 1.800 el número de horas que han de computarse anualmente, cifra que supera en 45 horas el límite que, según el sindicato, fija el convenio colectivo estatal.
En ese sentido, Moro aseguró que por parte de Monsecor “no se respeta el convenio estatal” y aclaró que “ya hay un informe de la Inspección de Trabajo que es de aplicación, de obligado cumplimiento”, al igual que la licitación del servicio por parte del Ayuntamiento de Montilla.
De igual manera, desde CTA denunciaron los “incumplimientos normativos” en los que, a su juicio, incurre Monsecor como supresión de descansos intersemanales obligatorios, impago efectivo de salarios y complementos correspondientes a sábados, domingos y festivos o la negativa de la empresa a aceptar el carácter estructural del trabajo desarrollado en fines de semana, además de vulnerar el “paréntesis mínimo establecido entre jornadas laborales”.
Monsecor rechaza las acusaciones
A finales del pasado mes de enero, y frente a la postura defendida ya entonces por la CTA, tanto el grupo de trabajadoras no sindicadas (GNS) como la propia empresa rechazaron que exista negativa alguna a la hora de aplicar el convenio marco del sector de la Dependencia.
De hecho, Esteban Valverde, representante de GNS, aseguró que las declaraciones del representante de CTA respondían básicamente a un "intento de coaccionar a la empresa" y advirtió que la postura tomada por el sindicato "pone en peligro las condiciones laborales de 127 trabajadoras, muchas de ellas con necesidades".
Por su parte, la gerencia de Monsecor defendió que desde el pasado mes de diciembre, y a petición de las propias trabajadoras, la empresa planteó la aplicación del convenio marco, si bien se solicitó un plazo de adaptación de diez meses.
"Entonces, algunas trabajadoras se opusieron porque aplicar el convenio estatal implica acabar con pluses consolidados a través del convenio que se venía aplicando hasta ahora, o en la forma de dar las vacaciones, entre otros aspectos, que el convenio propio mejora", explicó Aurora Requena, gerente de Monsecor, en declaraciones a Montilla Digital.
Monsecor obtuvo en 2018 la mejor puntuación en el proceso de adjudicación del Servicio Municipal de Ayuda a Domicilio, al que el Ayuntamiento de Montilla destina anualmente una partida de 1,8 millones de euros. Una adjudicación que se realizó por un plazo de dos años, si bien la empresa podría continuar con la prestación del mismo por un plazo máximo de cuatro, dado que se permite prorrogar la concesión por dos años más.
REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL
FOTOGRAFÍA: JOSÉ ANTONIO AGUILAR
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