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La Policía investiga la concesión de ayudas públicas a una asociación que presidió Demetrio Cruz

La Asociación Promoción y Desarrollo Tecnológico (Apropyme), una entidad con domicilio social en Córdoba y que llegó a presidir Demetrio Cruz Jiménez, actual responsable de la Unión de Empresarios de Montilla (Ademo), habría sido beneficiaria de ayudas concedidas por la Junta de Andalucía para el desarrollo de cursos de formación a desempleados que habrían incumplido presuntamente la normativa autonómica.



Según ha adelantado esta mañana el diario ABC, la Sección de Investigación de la Seguridad Social de la Policía Nacional considera al colectivo al frente del cual estuvo Demetrio Cruz Jiménez una "entidad intrusa", al haber recibido entre los años 2010 y 2012 subvenciones para unos cursos que, a juicio de los investigadores, no habrían cumplido con la orden que regula dichas ayudas.

En concreto, según avanza el rotativo madrileño, las ayudas aprobadas por el Servicio Andaluz de Empleo (SAE) en Huelva alcanzaron una cuantía total de dos millones de euros, destinándose para la impartición de cursos en una provincia en la que, según la Policía, Apropyme “no posee centro de trabajo ni desarrolla actividad legalmente registrada”.

De este modo, según señala el informe policial remitido al Juzgado de Instrucción número 5 de Huelva, la concesión de dichas subvenciones incumpliría con la orden que las regula, en la que se establece que las ayudas deben otorgarse a aquellas empresas que desarrollen su actividad en la provincia, a la vez que señala que Apropyme acude a Huelva "para la percepción de subvenciones", en contra del "espíritu de la normativa", que estipulaba que las ayudas debían ser concedidas a "empresas que desarrollasen su actividad en la provincia".

Por ello, según recoge ABC, los cursos desarrollados en el año 2011 en el marco de las ayudas concedidas a la “entidad intrusa” fueron impartidos gracias a la subcontratación de monitores y aulas formativas a la firma Ceandem. Para ello, la entidad que presidió durante unos meses Demetrio Cruz –con quien Montilla Digital ha contactado esta misma tarde– destinó el 60 por ciento de la subvención concedida, excediendo de este modo el 50 por ciento que fijaba como tope la orden reguladora para la subcontratación de servicios, lo que, a juicio de la Policía, ofrecería indicios sobre una “falta de idoneidad de la concesión”.

Los agentes acordaron la imputación de tres empresarios vinculados a dichas ayudas por supuestos delitos de fraude en la obtención de subvenciones, falsedad documental y estafa, al considerar que Apropyme "no tenía intención de impartir los cursos por sí misma", siendo además esa práctica "una de las usadas para crear la opacidad necesaria, a fin de llevar a cabo en su facturación el desvío del capital concedido", tal y como ha adelantado ABC.

Precisamente, en junio de 2015, en el marco de la operación Eduende, centrada en las ayudas concedidas en la provincia de Huelva durante el año 2011, cuatro miembros de Apropyme –cuyas identidades no han trascendido– fueron detenidos en Córdoba por el supuesto fraude cometido en la realización de los cursos de formación, para los que se concedieron ayudas por valor de 73.000 euros. Sin embargo, como adelanta ABC, desde el Juzgado de Instrucción número 5 de Huelva se decidió archivar la causa porque la cuantía mínima para que pueda mediar delito de fraude de subvenciones debe superar los 120.000 euros.

I. TÉLLEZ / REDACCIÓN
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