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La Fiscalía rebaja de 14 años a 21 meses la petición de prisión para el trabajador de Servicios Sociales

La Fiscalía ha decidido rebajar hoy de 14 años a 21 meses la petición de prisión para el trabajador del Centro Municipal de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Montilla que, esta mañana, ha comparecido ante la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Córdoba acusado de cinco delitos de abuso de poder en su posición de funcionario público y de un delito continuado de abuso sexual.



Según ha avanzado en primicia Diario Córdoba, el ahora encartado, vecino de Montilla en el periodo de tiempo en el que presuntamente ocurrieron los hechos, ha reconocido pedir sexo a usuarias del Centro Municipal de Servicios Sociales a cambio de tramitarles las ayudas a las que tendrían derecho, si bien ha negado la comisión de agresiones sexuales, tal y como sigue defendiendo la acusación particular.

Tras reconocer en parte los hechos, el Ministerio Fiscal –que en su escrito de calificación solicitaba para el acusado penas que sumaban los 14 años y seis meses de prisión y 48 años de inhabilitación profesional– ha rebajado la petición hasta los 21 meses de cárcel y los doce años de inhabilitación absoluta, además de 3.960 euros de multa y una indemnización de 5.000 euros por los “delitos continuados de abusos en el ejercicio de su función y de abusos sexuales”.

Según ha explicado la defensa tras el juicio, que se ha celebrado a puerta cerrada, el acusado ha reconocido que "pidió favores sexuales a cambio de ayudas, pero en ningún momento que hubiera ningún tipo de agresión sexual". En declaraciones recogidas por Diario Córdoba, fuentes judiciales han añadido que el hombre "ha pedido perdón y ha mostrado su arrepentimiento", además de asegurar que "ha aprendido la lección y que ha perdido su trabajo".

No obstante, la acusación particular ha mantenido la acusación por agresión sexual. Las fuentes consultadas por Diario Córdoba han asegurado que solo han acudido a declarar dos de las cinco mujeres supuestamente afectadas por los hechos, cuyo primer episodio se remonta al año 2007, cuando el ahora procesado manifestó a una usuaria, “a sabiendas de que se trataba de una persona especialmente vulnerable por su precaria situación económica y de que ella era conocedora de que la concesión de la ayuda dependía directamente de la decisión del acusado”, que si quería obtener las ayudas sociales que tramitaba debían mantener relaciones sexuales.

La Fiscalía sostiene en su escrito de calificación que los hechos se repitieron en el mes de septiembre de 2009, cuando el acusado propuso a otra usuaria del Centro Municipal de Servicios Sociales que mantuviera relaciones sexuales con él “a cambio de obtener ayudas sociales” y aprovechando que “se trataba de una persona especialmente vulnerable” y que, según el escrito de calificación provisional, “la mujer sabía que la ayuda que debía recibir pasaba directamente por una decisión de este hombre”.

El caso se volvió a repetir con una tercera usuaria en el año 2011, en fecha no determinada, mientras que en el verano de 2012 consta un episodio de similares características. Por último, entre los años 2012 y 2013, “y en varios días diferentes, este trabajador social también le reclamó a una mujer que acudió al Ayuntamiento en diferentes días a pedir ayuda que se acostase con él y que, a cambio, obtendría la ayuda”.

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL
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