La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Córdoba ha condenado a 21 meses de prisión al extrabajador del Centro Municipal de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Montilla que, el pasado 6 de abril, compareció ante el tribunal acusado de cinco delitos de abuso de poder en su posición de funcionario público y de un delito continuado de abuso sexual. Con todo, el encartado logrará eludir la cárcel, al no contar con antecedentes penales y haber sido condenado a una pena inferior a 24 meses.
Según recoge la sentencia, el hombre –que no tenía antecedentes penales– ha sido condenado a 21 meses de prisión, por lo que eludirá la cárcel, a pesar de haber reconocido durante la vista oral haber cometido un delito continuado de abuso sexual y un delito continuado de abuso en su función pública. De igual modo, y en la línea de lo defendido por el Ministerio Público, el hombre ha sido absuelto del delito de agresión sexual del que había sido acusado, tras el acuerdo previo de conformidad entre las tres partes del proceso: la acusación particular, el Ministerio Fiscal y la defensa.
El extrabajador municipal, vecino de Montilla en el periodo de tiempo en el que ocurrieron los hechos, reconoció durante la vista oral haber pedido sexo a usuarias del Centro Municipal de Servicios Sociales a cambio de tramitarles las ayudas a las que tendrían derecho, si bien negó la comisión de agresiones sexuales, tal y como sostuvo la acusación particular.
Tras reconocer en parte los hechos, el Ministerio Fiscal –que en su escrito de calificación solicitaba para el acusado penas que sumaban los 14 años y seis meses de prisión y 48 años de inhabilitación profesional– decidió rebajar la petición hasta los 21 meses de cárcel y los doce años de inhabilitación absoluta, además de 3.960 euros de multa y una indemnización de 5.000 euros por los “delitos continuados de abusos en el ejercicio de su función y de abusos sexuales”.
Según explicó la defensa tras el juicio, que se celebró a puerta cerrada, el hoy condenado reconoció que "pidió favores sexuales a cambio de ayudas, pero en ningún momento que hubiera ningún tipo de agresión sexual". En declaraciones recogidas por Diario Córdoba, fuentes judiciales añadieron que el hombre "pidió perdón y mostró su arrepentimiento", además de asegurar que "había aprendido la lección y que había perdido su trabajo".
No obstante, la acusación particular mantuvo la acusación por agresión sexual. Las fuentes consultadas por Diario Córdoba aseguraron el pasado 6 de abril que solo acudieron a declarar dos de las cinco mujeres supuestamente afectadas por los hechos, cuyo primer episodio se remonta al año 2007, cuando el ahora condenado manifestó a una usuaria, “a sabiendas de que se trataba de una persona especialmente vulnerable por su precaria situación económica y de que ella era conocedora de que la concesión de la ayuda dependía directamente de la decisión del acusado”, que si quería obtener las ayudas sociales que tramitaba debían mantener relaciones sexuales.
La Fiscalía explicó durante el proceso que los hechos se repitieron en el mes de septiembre de 2009, cuando el acusado propuso a otra usuaria del Centro Municipal de Servicios Sociales que mantuviera relaciones sexuales con él “a cambio de obtener ayudas sociales” y aprovechando que “se trataba de una persona especialmente vulnerable” y que, según el escrito de calificación provisional, “la mujer sabía que la ayuda que debía recibir pasaba directamente por una decisión de este hombre”.
El caso se volvió a repetir con una tercera usuaria en el año 2011, en fecha no determinada, mientras que en el verano de 2012 consta un episodio de similares características. Por último, entre los años 2012 y 2013, “y en varios días diferentes, este trabajador social también le reclamó a una mujer que acudió al Ayuntamiento en diferentes días a pedir ayuda que se acostase con él y que, a cambio, obtendría la ayuda”.
En la resolución judicial que ha avanzado Europa Press esta misma tarde se condena al ex trabajador social del delito de abuso de funcionario en el ejercicio de sus funciones, porque "el acusado solicita para sí mismo el favor sexual de las mujeres que acuden a él en su condición de funcionario que ha de emitir un informe a sus peticiones de ayuda social del Ayuntamiento para el que trabaja aquél".
A su vez, la sentencia afirma que el hoy condenado ha realizado "actos que atentan contra la libertad sexual de una de sus víctimas, prevaliéndose de la patente y manifiesta situación de superioridad que le da el que la ayuda social por ella pedida dependa en buena medida de su informe, estado que la lleva a ella a consentir tales actos que no son completamente queridos y que, sin que mediara esa coerción, no consentiría".
Por último, los magistrados rechazan la existencia de un delito de agresión sexual, tal y como solicitaba la acusación particular, alegando que "el acusado no despliega violencia o intimidación sobre ella que cubra sus actuaciones libidinosas hasta anular el consentimiento de la mujer". No obstante, la sala estima que "sí que es evidente que hay una falta de verdadero y franco consentimiento de la mujer por el vicio mencionado, toda vez que, como reconoce en el juicio, de no depender su ayuda de ese hombre jamás ella hubiera consentido relación sexual alguna con él".
Según recoge la sentencia, el hombre –que no tenía antecedentes penales– ha sido condenado a 21 meses de prisión, por lo que eludirá la cárcel, a pesar de haber reconocido durante la vista oral haber cometido un delito continuado de abuso sexual y un delito continuado de abuso en su función pública. De igual modo, y en la línea de lo defendido por el Ministerio Público, el hombre ha sido absuelto del delito de agresión sexual del que había sido acusado, tras el acuerdo previo de conformidad entre las tres partes del proceso: la acusación particular, el Ministerio Fiscal y la defensa.
El extrabajador municipal, vecino de Montilla en el periodo de tiempo en el que ocurrieron los hechos, reconoció durante la vista oral haber pedido sexo a usuarias del Centro Municipal de Servicios Sociales a cambio de tramitarles las ayudas a las que tendrían derecho, si bien negó la comisión de agresiones sexuales, tal y como sostuvo la acusación particular.
Tras reconocer en parte los hechos, el Ministerio Fiscal –que en su escrito de calificación solicitaba para el acusado penas que sumaban los 14 años y seis meses de prisión y 48 años de inhabilitación profesional– decidió rebajar la petición hasta los 21 meses de cárcel y los doce años de inhabilitación absoluta, además de 3.960 euros de multa y una indemnización de 5.000 euros por los “delitos continuados de abusos en el ejercicio de su función y de abusos sexuales”.
Según explicó la defensa tras el juicio, que se celebró a puerta cerrada, el hoy condenado reconoció que "pidió favores sexuales a cambio de ayudas, pero en ningún momento que hubiera ningún tipo de agresión sexual". En declaraciones recogidas por Diario Córdoba, fuentes judiciales añadieron que el hombre "pidió perdón y mostró su arrepentimiento", además de asegurar que "había aprendido la lección y que había perdido su trabajo".
No obstante, la acusación particular mantuvo la acusación por agresión sexual. Las fuentes consultadas por Diario Córdoba aseguraron el pasado 6 de abril que solo acudieron a declarar dos de las cinco mujeres supuestamente afectadas por los hechos, cuyo primer episodio se remonta al año 2007, cuando el ahora condenado manifestó a una usuaria, “a sabiendas de que se trataba de una persona especialmente vulnerable por su precaria situación económica y de que ella era conocedora de que la concesión de la ayuda dependía directamente de la decisión del acusado”, que si quería obtener las ayudas sociales que tramitaba debían mantener relaciones sexuales.
La Fiscalía explicó durante el proceso que los hechos se repitieron en el mes de septiembre de 2009, cuando el acusado propuso a otra usuaria del Centro Municipal de Servicios Sociales que mantuviera relaciones sexuales con él “a cambio de obtener ayudas sociales” y aprovechando que “se trataba de una persona especialmente vulnerable” y que, según el escrito de calificación provisional, “la mujer sabía que la ayuda que debía recibir pasaba directamente por una decisión de este hombre”.
El caso se volvió a repetir con una tercera usuaria en el año 2011, en fecha no determinada, mientras que en el verano de 2012 consta un episodio de similares características. Por último, entre los años 2012 y 2013, “y en varios días diferentes, este trabajador social también le reclamó a una mujer que acudió al Ayuntamiento en diferentes días a pedir ayuda que se acostase con él y que, a cambio, obtendría la ayuda”.
En la resolución judicial que ha avanzado Europa Press esta misma tarde se condena al ex trabajador social del delito de abuso de funcionario en el ejercicio de sus funciones, porque "el acusado solicita para sí mismo el favor sexual de las mujeres que acuden a él en su condición de funcionario que ha de emitir un informe a sus peticiones de ayuda social del Ayuntamiento para el que trabaja aquél".
A su vez, la sentencia afirma que el hoy condenado ha realizado "actos que atentan contra la libertad sexual de una de sus víctimas, prevaliéndose de la patente y manifiesta situación de superioridad que le da el que la ayuda social por ella pedida dependa en buena medida de su informe, estado que la lleva a ella a consentir tales actos que no son completamente queridos y que, sin que mediara esa coerción, no consentiría".
Por último, los magistrados rechazan la existencia de un delito de agresión sexual, tal y como solicitaba la acusación particular, alegando que "el acusado no despliega violencia o intimidación sobre ella que cubra sus actuaciones libidinosas hasta anular el consentimiento de la mujer". No obstante, la sala estima que "sí que es evidente que hay una falta de verdadero y franco consentimiento de la mujer por el vicio mencionado, toda vez que, como reconoce en el juicio, de no depender su ayuda de ese hombre jamás ella hubiera consentido relación sexual alguna con él".
REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL