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Primer asalto: andaluzas (1)

La lid electoral que afrontarán las formaciones políticas españolas durará todo este año de 2015, pero estará dividida en cuatro asaltos. El primero de ellos se disputará en Andalucía, donde el 22 de marzo se celebrarán comicios para elegir a los 109 diputados que conforman el Parlamento de la Comunidad Autónoma. Estas elecciones servirán no sólo para inaugurar de manera adelantada la X Legislatura y formar el decimotercer Gobierno en más de 30 años de democracia en Andalucía –siempre en manos del PSOE desde 1982–, sino también para “constatar” las profundas transformaciones que se están incubando en el paisaje político nacional, donde aparecen nuevos partidos con voluntad de liquidar el monopolio del bipartidismo en el que se han instalado los dos grandes partidos que se alternan en el Gobierno de España y en la mayoría de las autonomías y ayuntamientos del país.



Andalucía, ante ese panorama convulso, anticipa la convocatoria a las urnas para evitar verse afectada por el vendaval de cambios y transformaciones, no dando oportunidad a que los nuevos partidos organicen sus estructuras en la región ni concreten sus programas y candidatos. Se propicia, de esta manera, la campanada del primer asalto de un año electoral que obligará a los españoles a acudir hasta en cuatro ocasiones a las urnas.

Decía un entrañable amigo, gran filósofo y mejor poeta, ya desgraciadamente desaparecido, que le gustaba la democracia cuando representaba la diversidad. No era partidario de las mayorías absolutas porque tienden, en su opinión, a “patrimonializar” las instituciones y dejarse tentar por los “bajos instintos” de manejar lo público con propósitos partidistas o lucrativos.

Las perspectivas que depara este año electoral a buen seguro le habrían alegrado la existencia, si la vida no hubiera sido tan rácana con él. La “atomización” de los parlamentos, según vislumbran todos los sondeos, marca la señal de unos tiempos venideros en los que ya nada será negro o blanco –o si se prefiere: azul o rojo– dominados por el Partido Popular (PP) o el PSOE.

La política, al fin, reflejará la pluralidad existente en la sociedad y estará obligada a dialogar, negociar y pactar para responder a la voluntad popular cuando quiera constituir gobiernos. Gobiernos de coalición o gobiernos en minoría que deberán aprender a consensuar políticas y compartir iniciativas si aspiran a conseguir el respaldo necesario para poder llevarlas a cabo.

Ese es el resultado que se prevé en las elecciones andaluzas, que se convierten, por lo pronto, en el laboratorio donde se ensayan las posibilidades reales de cada tendencia. Hasta cinco partidos compondrán el arco parlamentario andaluz, hasta la fecha ocupado mayoritariamente por PSOE y PP, junto a la presencia testimonial de los comunistas de Izquierda Unida (IU).

Aunque sin tiempo para consolidarse, Podemos y Ciudadanos, las nuevas formaciones que atraen actualmente la confianza de los ciudadanos, accederán a un fragmentado Parlamento andaluz con tal fuerza como para disponer de la llave de la gobernabilidad. Se abre con ello un abanico de posibilidades que inquieta a todos, sobre todo a los acostumbrados a imponer su santa voluntad mediante el “rodillo” parlamentario de la mayoría absoluta.

En cualquier caso, los socialistas parten con la ventaja de batirse en un feudo que controlan y donde tienen establecida una red clientelar que les garantiza un “suelo” de votos nada despreciable. La desafección que sufre el PSOE en la región todavía no parece ser tan grave como para condenarlo a la irrelevancia, como sucede con los socialismos de otras latitudes. De ahí que persigan recuperar la hegemonía que perdieron, por última vez, en 2012 y que les obligó a formar coalición con IU para impedir que gobernara la minoría mayoritaria obtenida por PP.

Las múltiples encuestas que pulsan la opinión de la autonomía más poblada de España señalan que, una vez más, los socialistas ganarán estas elecciones, pero sin alcanzar la soñada mayoría absoluta. De confirmarse tales pronósticos, se trataría de un triunfo (insuficiente, pero triunfo) que permitiría al PSOE mantener el timón de la Junta de Andalucía, afrontar desde el Ejecutivo la culminación de la instrucción del sumario de los ERE que investiga con ahínco la juez Alaya y que tiene “señalados”, entre otros altos cargos, a los expresidentes anteriores del Gobierno andaluz (Manuel Chaves y José Antonio Griñán), ya imputados por el Tribunal Supremo (por su condición de aforados) para que presten declaración sin acusarlos aún de ningún delito, y lo que aún es más importante, ofrecer una relativa sensación de recuperación y fortalecimiento a un PSOE que busca desesperadamente volver a congraciarse con su electorado.

Desde que Susana Díaz accediera a la Presidencia de Andalucía, al sustituir a José Antonio Griñán después que este abandonara el cargo para ocupar un puesto de senador en las Cortes Españolas, no ha hecho otra cosa que distanciarse y diferenciarse de los hábitos y escándalos que han sacudido al Gobierno andaluz y al partido que lo sustenta.

El caso de los ERE y el de los cursos de formación, más allá de la corrupción que evidencian en determinadas personas, entidades y empresas, cuestionan sobremanera la forma de administrar unos recursos públicos sin el debido rigor y con una inaceptable arbitrariedad.

No es de extrañar, por tanto, que la inquilina de San Telmo afirme en cualquier circunstancia que la corrupción le avergüenza y que será implacable en la lucha contra ella. Su gestión a lo largo de esta media Legislatura larga que lleva al frente de la Junta de Andalucía se ha caracterizado por ese afán de no verse salpicada por una corrupción que parece sistémica y por intentar adoptar iniciativas económicas y sociales que puedan contraponerse a las implementadas por el Gobierno de la nación desde Madrid.

Esa actitud la ha posicionado como referente del PSOE a escala nacional, posibilitando el rumor, ampliamente extendido desde la oposición de manera interesada, de que su objetivo real es ser candidata a la Presidencia del Gobierno de España, intención que ella niega por activa y pasiva. Tanto una cosa (nueva forma de gobernar) como la otra (sus ambiciones) van a dilucidarse en las próximas elecciones andaluzas.

Pero una cosa es clara, Susana es esclava de sus palabras: ha prometido que jamás gobernará ni con el Partido Popular ni con Podemos. Le quedan, entonces, pocas opciones si consigue validar los resultados de las encuestas. O gobierna en minoría, apoyándose en pactos puntuales con las demás fuerzas políticas, en función de la materia, poniéndose a merced de las contraprestaciones que exijan unos y otros, o alcanza un acuerdo de coalición con IU y Ciudadanos, si los resultados permiten forjar una mayoría entre ellos.

Ya ha experimentado un gobierno de coalición con IU en esta Legislatura sin mayores problemas, salvo puntuales roces rápidamente sofocados, aunque para diferenciarse de cara al electorado ambos coaligados han acusado mutuamente al contrario de ser culpable del adelanto electoral.

Si Ciudadanos es todavía una incógnita por descubrir en Andalucía, digan lo que digan los sondeos, IU se desangra ante la acometida de Podemos y las intrigas estratégicas que buscan preservar al menos los logotipos de la formación. El desgarro que le provoca el CUT, el partido rural de Juan Manuel Sánchez Gordillo, alcalde de Marinaleda, al unirse a Podemos, ni siquiera inquieta a esta izquierda arrinconada por la historia, los bandazos y los empellones del PSOE y, ahora también, de Podemos, que le arrebata programa y simpatizantes a diestra y siniestra

Claro que la derecha no está mejor. Pero eso será materia para otra columna.

DANIEL GUERRERO
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