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Tráfico carcelario

Últimamente, la cárcel está pareciendo un centro comercial, donde se mezclan gente de toda clase y condición: desde simples “robagallinas” y drogadictos hasta delincuentes de guante blanco y políticos corruptos, que también esnifan lo suyo, sobre todo con dinero de los contribuyentes.

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Mientras los primeros permanecen largo tiempo entre rejas, los segundos entran y salen como si fueran sólo a tomar café, en lo que sus abogados reúnen la fianza, elevan recursos y elaboran mil apaños para conseguir la libertad de sentirse poderosos.

Nadie, ni unos ni otros, devuelve nada de lo robado, bien porque se lo han gastado o comido o bien porque lo tienen a buen recaudo en paraísos fiscales e intrincada “ingeniería financiera”.

Los primeros, a celdas comunes; los segundos, a módulos especiales como medida de “protección” y comodidad. Lo cierto es que en España la cárcel está teniendo un tráfico de personas “elegantes”, entrando y saliendo, más propio de un local comercial que de un centro penitenciario.

Hace escasos días fueron varios alcaldes y un exvicepresidente de la Comunidad de Madrid, entre otros, los que ingresaron en prisión por cometer esos delitos en los que se especializan, al parecer, los que se dedican a la política para prosperar: robar dinero público mediante cohechos, tráfico de influencia y comisiones. Lo habitual.

Cumplirán el procedimiento y, tras ofrecer la imagen deseada de una justicia igual para todos, saldrán al poco tiempo al conseguir enseguida el tercer grado y la libertad condicional, independientemente de la cantidad saqueada y nunca recuperada.

Así, al tiempo que Francisco Granados, ex secretario general del Partido Popular de Madrid, ocupaba su celda junto a Gerardo Díaz Ferrán (ex patrono mayor de la patronal) y Luis Bárcenas (exgerente y tesorero del mismo partido, a nivel nacional), salía tan contento Jaume Matas, expresidente de Baleares y exministro de José María Aznar, tras pasar sólo tres meses entre rejas.

Otros aguardan el mismo recorrido, como Carlos Fabra, el que construye aeropuertos sin aviones y que antes de entrar ya espera un indulto, e Isabel Pantoja, que tiene a España hecha unos mocos y a la que aguardan tras los barrotes su examante, Julián Muñoz, delfín de Jesús Gil en la cosa de los saqueos marbellíes, y su exesposa, Maite Zaldívar.

Muchos más se amontonan en la puerta como si la cárcel estuviera de rebajas. Hay tramas por doquier e inquilinos pendientes de alojamiento penitenciario con los ERE, Pokémon, Palau, Brugal, Pujol y demás casos de la geografía corrupta de España.

Mario Conde, que no es del partido que más gente tiene en la cárcel, también anduvo entre barrotes el período suficiente para escribir un libro lacrimógeno y doctorarse en tertulias donde impartir lecciones de moralidad política y social.

Tampoco es que devolviera nada de lo saqueado en Banesto, al que arruinó y tuvo que ser “rescatado” para “fusionarlo” con el Banco Santander antes de ponerse de moda el rescate bancario, pero al menos cumplió una minúscula parte de su condena.

El expresidente de Bankia, antiguo presidente de Caja Madrid y amigo de infancia del citado Aznar, Miguel Blesa, en cambio, tras pasar dos veladas jugando a las cartas, abandonó el recinto carcelario para denunciar al juez que lo enchironó, el ya exmagistrado Elpidio José Silva, y lograr apartarlo de la carrera judicial.

Aprendió de otro caso de corrupción que afecta al Partido Popular, la trama Gürtel, del que lograron expulsar al juez Baltasar Garzón, al tiempo que otorgaban libertad provisional a los cabecillas de la misma: Francisco Correa y Pablo Crespo, entre otros.

Todavía anda Blesa en trámites legales porque su avaricia es ilimitada y lo han “pillado” también en la estafa de las preferentes y el uso de tarjetas “negras”, inmorales y opacas, para “gastos personales” que se autoconcedió, además de las tarjetas de representación y su sueldo millonario.

Pero se defiende, tirando de agenda y amigos, y anda suelto por la calle, velando unas posesiones que no le dan para hacer frente a la fianza. Aún no ha escrito ningún libro. Será por la poca experiencia carcelaria.

Este tráfico carcelario con los pudientes no se compadece con la rigidez que muestra con otros. Así, el Tribunal Supremo acaba de confirmar la condena de 22 años de prisión al “loco” que se hizo pasar por cura para asaltar la vivienda del delincuente Bárcenas.

Aunque éste lleva algún tiempo entre rejas, seguro que sale antes que el demente. Y es que no hay comparación entre sus delitos. Uno suplantó un cura para acceder al domicilio de un ladrón, mientras el ladrón sólo había sisado unos cuantos millones de euros –que se sepa– de las cuentas que abastecían la financiación ilegal del Partido Popular.

Y es que para la Fiscalía de este país y para el Código Penal, los delitos se castigan penalmente en función de su importancia y peligrosidad. Y los de “guante blanco” podrán ser importantes a causa del defalco cometido, pero no son peligrosos.

Todavía no han matado a nadie, aunque de tanto “adelgazar” el gasto en las cuentas del país, para rescatar a la banca y no a los ciudadanos, ya haya gente muriendo debido a falta de asistencia sanitaria, por carecer de cuidados apropiados y ayudas a la dependencia y al no poder acceder a unos fármacos y prestaciones que el Estado deja de subvencionar.

Hasta el mismo presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, deplora que la ley está pensada para el “robagallinas” y no para el “gran defraudador ni los casos de tanta corrupción”. Es una evidencia constatable hasta por el más lelo, sin que se vea obligado a dimitir en consecuencia.

Por eso se siguen imputando a los participantes de piquetes informativos durante las huelgas, a quienes la Fiscalía acusa de atentar contra el derecho de los trabajadores, de lesiones y contra los agentes de la autoridad, con penas de prisión que acumulan hasta 99 años de cárcel, según asegura Rodolfo Benítez, miembro de la Ejecutiva del sindicato Comisiones Obreras.

No es de extrañar, por tanto, que sean centenares los sindicalistas que se enfrentan a acciones penales y administrativas que, a juicio de la autoridad pertinente, son mucho más graves y peligrosas que robar dinero público o estafar a los clientes de un banco.

Con todo, resta por asistir a alguna medida ejemplarizante para que los ciudadanos confíen, con alboroto y sorpresa, en la Justicia. No me refiero a la orden de detención contra Rodolfo Martín Villa y José Utrera Molina –suegro del exministro Alberto Ruiz-Gallardón–, cursada por la Justicia argentina, a instancias de la magistrada María Servini, con fines de extradición para ser interrogados por crímenes cometidos durante la dictadura de Franco y en la Transición española. Para los “bienpensantes” nacionales, estos delitos están prescritos pues no los consideran de lesa humanidad, aunque la Justicia Universal así lo estime. Quedarán, pues, sin castigo.

Del mismo modo que las torturas, que tampoco se condenan si el torturado es “terrorista” (aquí no cabe lo de “presunto”), al que no le asisten los Derechos Humanos, según la sentencia del Tribunal Militar que ha revocado el procesamiento de cinco militares españoles por torturas contra dos iraquíes detenidos en Base España, Diwaniya (Irak), en 2004, a pesar de que se aprecie nítidamente en un vídeo difundido por el diario El País en 2013.

La medida ejemplarizante, que acaparará las portadas de diarios y revistas y llenará de contenido las tertulias y programas del “corazón”, será el ingreso en prisión de Iñaki UrdangarIn, el balonmanista que se casó con Cristina de Borbón y Grecia, duquesa de Palma de Mallorca e hija del rey “abdicado”, y se dedicó a amasar una fortuna, gracias a sus relaciones políticas y el asesoramiento de su socio, Diego Torres, también imputado.

Esa, y la del ingreso de la Pantoja, serán las fotos que darán la vuelta al mundo. Entonces se escribirán editoriales y se elaborarán densos reportajes para que la población aprecie que todos somos iguales ante la ley, aunque unos más que otros.

Porque siempre habrá pardillos que servirán de chivos expiatorios en los que la Justicia descargará todo el peso de una ley que nos protege de los “robagallinas”, para que los demás entren y salgan, al grito de "Luis, sé fuerte, aguanta". ¡Y es que la cárcel tiene últimamente un tráfico…!

DANIEL GUERRERO

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