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Derecho a votar

El "no" escocés no resuelve nada en Cataluña. Pero algo enfría. Digan ahora lo que quieran, un triunfo del "sí" hubiera supuesto un auténtico chute emocional para nuestros separatistas patrios y no solo los catalanes, que en ello estaban, sino para todos los que en comandita escenografiada en el Congreso se apuntaron al carrusel –no solo CiU y el PNV poniendo cara de moderados y los de ERC, BNG, con Bildu asomando en la foto y hasta la navarra Uxue Barcos–.

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Pero salió el "no" y salió por mucho, por casi 11 puntos, y aunque ahora ya están diciendo que eso también está muy bien y es un ejemplo, todos sabemos que verdes las han segado y que hay humos en rebaja.

Pero no cejará ni la hoguera y hasta puede que aumente la humareda. Ahora la cosa va a estar en seguir con la monserga y con el juego de trileros que cada vez es más palpable que Artur Mas se trae con España, su Gobierno y sus ciudadanos. La consigna será que les dejen votar a ellos como a los escoceses. Que es igual. Y no. No es igual.

Porque Escocia fue un reino, sin discusión, un Estado independiente que hace 300 años decidió unirse con Inglaterra, y con Gales en el Reino Unido. El referéndum de ahora, pactado hace dos años, con la pregunta dictada –por cierto, que muy torpemente– por el Gobierno central de Cameron, entra dentro de su legalidad y su Constitución.

Aquí nada hay de eso. No hubo reino, pues la corona de Aragón de la que formaba parte el condado de Barcelona se fusionó con la castellana para alcanzar la unificación de España en régimen de proclama igual, tanto monta, monta tanto, a finales de siglo XV, o sea, quinientos años ya.

En la guerra de Sucesión, en el siglo XVIII, entre los partidarios del heredero Borbón y los del archiduque austriaco Carlos, buena parte de Cataluña viró de una posición inicial a favor del primero a colocarse al lado del segundo. Unos y otros combatieron por España, por poner en España un rey u otro, y en la guerra, tras alternativas cambiantes, perdió Carlos y ganó Felipe, el quinto, el antecesor con ese nombre de nuestro actual rey.

La identidad catalana es innegable: está su lengua, su cultura y su historia con sus señas bien claras y apreciables. Y también ha habido intentos con el de ahora de secesión. El más notorio cuando en la Segunda República y en plena lucha contra el franquismo a los separatistas les pareció muy trapaceramente que era el momento y la oportunidad de proclamar su independencia. Contra la que tuvo que luchar la República a la que traicionó y cuyas fuerzas aquel episodio mermó en sus posibilidades de victoria contra Franco.

La llegada de la democracia en el año 1978 supuso para el territorio no sólo la libertad común a todos los españoles, sino su Estatut y el respeto, reconocimiento y expansión de su autogobierno, lengua y capacidad de decisión hasta unos límites que son los más amplios de toda la Unión Europea y no tienen parangón ni siquiera en Estados federales.

Aun se ampliaron con la reforma última del Estatuto propiciado por el presunto socialista Maragall que, en realidad, era el agente esencial del nacionalismo, mimado por el insensato ZP, que legitimó sus axiomas y trasvasó a buena parte de un electorado que no tenía ni esas raíces ni esos principios ideológicos. Pero se fue tan lejos que era prácticamente una ruptura con el Estado, una clara violación de la Constitución que todos habíamos votado en 1978 –y los catalanes con más entusiasmo que nadie–.

Ahora, lo que pretenden simple y llanamente es la separación por su cuenta, por imposición al resto de españoles y por las bravas, con un referéndum impuesto al conjunto de la Nación, con las preguntas a su mejor conveniencia y con una clave esencial, que se oculta tras su famoso derecho a decidir. No pretenden votar sino lo que pretenden es no dejarnos votar a los demás. Expropiarnos nuestro derecho a decidir en algo que antes decidimos entre todos y ahora quieren guisarse solos.

Pero además, y ahí entran ya estos últimos episodios de trileros políticos, buscando la trampa, la más rastrera añagaza, como es la de aprobar esa Ley de Consultas, donde el PSC vuelve a pifiar y a ponerse de perfil, que todos saben que es tan solo y tiene la única misión de dar cobertura a un referéndum que todos saben que es ilegal y contra la Constitución y que ya van sabiendo que, encima, no se va a celebrar.

Aprobarla, además, buscando un tiempo para hacer ruido y que no pueda tener inmediata respuesta legal. O sea, por la tarde, tras el Consejo de Ministros y Mas demora su firma hasta que Rajoy se halla en su importante viaje a China donde tanta economía se juega.

Porque Mas conoce bien que el simple recurso al Constitucional por parte del Gobierno paraliza de inmediato la llamada a las urnas del día 9 de noviembre. Lo saben como saben que tanto el continente como el contenido va manifiestamente contra la ley, la democracia española y su Constitución y, como tal, va a declararse. Porque sobre el fondo y por muy notable y pocas veces alcanzada unanimidad se ha declarado ya el Alto Tribunal, ya saben como sabemos todos lo que es inevitable que va a suceder.

Lo que después sucederá es lo que tiene interrogantes. Lo más probable es que Mas convoque elecciones –lo de sacar las urnas a la calle y desobedecer, conculcar y violar la ley no veo que quede en más que amenazas– que se escenifiquen como plebiscitarias, que las gane ERC y que proclame luego una independencia de manera unilateral por un parlamento que no tiene facultad alguna para ello.

Pero eso ya es insurrección. Y ese es un escenario de cataclismo total. Y excepto los que lo desean como solución traumática y final, somos muchos, también en Cataluña, que no deseamos tal, y han de ponerse a pensar, dialogar, razonar y buscar. Un dialogo que ahora no puede ser posible porque, simplemente, lo que se pretende es ciscarse en la ley y hacer trizas el pacto constitucional.

ANTONIO PÉREZ HENARES

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