En torno a medio millar de vecinos de la calle Río de la Hoz, de la avenida de Italia y del entorno del Hogar Residencia San Rafael han exigido al Ayuntamiento de Montilla la "retirada inmediata" de varios repetidores de telefonía móvil camuflados en una valla publicitaria asentada sobre una finca particular.
"Hace ya unos dos meses nos enteramos de que un empresario tenía tres repetidores de telefonía en su propiedad, dos de France Telecom y uno de Vodafone", relataron a Montilla Digital los portavoces de los afectados, que se mostraron convencidos de que estas estructuras "carecen de todo tipo de licencias, tanto urbanística como de instalación eléctrica, incumpliendo entre otras tantas normas más".
A juicio de los vecinos, "se está cometiendo un perjuicio para la salud de los vecinos colindantes porque puede haber alguna relación causa-efecto con los problemas de salud que han sufrido algunos de nuestros hijos". Por este motivo, y hasta la fecha, han presentado dos escritos al Ayuntamiento exigiendo el desmantelamiento de estos repetidores.
La primera de las cartas, dirigida al alcalde, Federico Cabello de Alba, se acompañaba de unas 300 firmas de los vecinos afectados. "Actualmente tenemos otras 200 firmas más para presentarlas con un nuevo escrito", aseguran los portavoces, que han denunciado que "desde el pasado 26 de octubre, fecha en que se presentó el primer escrito, aún no hemos sido recibidos por el señor alcalde ni por ningún miembro del equipo de gobierno".
"No entendemos cómo no han tomado ya ninguna medida, puesto que la obra es ilegal", señalan los vecinos, para añadir que "si cualquier ciudadano construye una casa o abre un bar sin papeles, de hoy para mañana lo cierran".
En el segundo de los escritos remitidos al alcalde de Montilla –al que ha tenido acceso este periódico-, los vecinos alertan de que la existencia de estos repetidores en una finca de propiedad privada "afecta a la salud de las familias que vivimos en estos términos", junto con los mayores residentes en al asilo de San Rafael, a los alumnos del CEIP San Francisco Solano y del centro infantil Reyes Magos, así como a los trabajadores de la zona e, incluso, a los componentes de la Agrupación Musical "La Unión", dado que "ensayan justamente debajo del mencionado repetidor".
Según el escrito presentado por los vecinos ante el Ayuntamiento de Montilla, el propietario de la finca sobre la que se asientan los repetidores "los introdujo dentro de un cartel de publicidad, con el objeto que no se viera" y así "infringir claramente la legislación vigente".
"Carece de todo tipo de documentación de licencia municipal, incumpliendo normas de edificación (accesibilidad, altura...) y normativa de baja tensión en el suministro eléctrico a los repetidores, el cual se realiza desde una nave colindante", indican los afectados, para añadir que, a su juicio, "se está incumpliendo la normativa medioambiental y la de telecomunicaciones".
"Estamos convencidos de que todas las personas que estamos en los límites de este repetidor estamos recibiendo una gran cantidad de radiaciones electromagnéticas no ionizantes de alta frecuencia que producen efectos nocivos para la salud a largo plazo", afirman los afectados.
De hecho, los denunciantes aseveran que "en la zona más próxima a los repetidores, donde existen unas 16 casas unifamiliares, se han sufrido tres casos de embarazos con algún tipo de problema para la salud, además de casos de infartos cerebrales y problemas de tiroides". En ese sentido, los vecinos advierten de que "posiblemente se puede ver y apreciar alguna relación causa-efecto" entre estas dolencias y la existencia en las inmediaciones de sus hogares de estas instalaciones.
Un asunto complejo y polémico
La ubicación de antenas de telefonía móvil y repetidores en las proximidades de viviendas y centros educativos o sanitarios es un asunto complejo y polémico. Así lo demuestra la decisión que, tras once años de batalla judicial, adoptó el Tribunal Supremo contra el recurso que el Ayuntamiento de Montilla interpuso con el objetivo de defender su Ordenanza Municipal para la Instalación y Funcionamiento de Instalaciones de Radiocomunicación, aprobada por el Pleno de la Corporación en 2001, y recurrida por Telefónica Móviles España por obligar a las compañías a situar las antenas de telefonía fuera del casco urbano.
Tal y como avanzó en primicia Montilla Digital, el Alto Tribunal decidió finalmente desestimar el recurso de casación que el Consistorio montillano –entonces gobernado por Izquierda Unida (IU)- promovió en 2005 para defender la legalidad de una ordenanza que instaba a las compañías a situar las antenas "fuera del ámbito perimetral del municipio", además de suscribir un seguro de responsabilidad civil para cubrir "eventuales daños, tanto en la población como en el entorno medioambiental".
En una sentencia a la que tuvo acceso este periódico el pasado mes de mayo, se precisa que "la competencia exclusiva del Estado en materia de telecomunicaciones no impide que los municipios puedan establecer restricciones a la ubicación de infraestructuras, siempre que no implique restricción para la adecuada prestación del servicio".
En ese sentido, y a juicio del Alto Tribunal, "la prohibición de instalación de antenas en cualquier porción de terreno del término municipal que no estuviera calificada urbanísticamente como de uso industrial […], unida a la coetánea imposición de su establecimiento a cierta distancia […], producía una grave quiebra del derecho a la prestación del servicio por las compañías operadoras del sector".
Asimismo, el Tribunal Supremo concluye que la prohibición de ubicación de antenas de telefonía móvil en un radio menor de 610 metros –tal y como establecía la ordenanza del Ayuntamiento de Montilla-, "se trata de una prohibición absoluta de ubicación de las infraestructuras sin razón urbanística, paisajística o medioambiental que explique o justifique dicha medida, que por inmotivada, debe considerarse desproporcionada y arbitraria".
De esta forma, se dio carpetazo definitivo a una agria polémica que, durante la pasada década, ocupó páginas y páginas de periódicos y que llevó incluso al Ayuntamiento a intentar desconectar, en febrero de 2003, la antena de telefonía móvil que existe en la barriada del Gran Capitán, junto al Parque del Párroco Antonio Gómez.
"Hace ya unos dos meses nos enteramos de que un empresario tenía tres repetidores de telefonía en su propiedad, dos de France Telecom y uno de Vodafone", relataron a Montilla Digital los portavoces de los afectados, que se mostraron convencidos de que estas estructuras "carecen de todo tipo de licencias, tanto urbanística como de instalación eléctrica, incumpliendo entre otras tantas normas más".
A juicio de los vecinos, "se está cometiendo un perjuicio para la salud de los vecinos colindantes porque puede haber alguna relación causa-efecto con los problemas de salud que han sufrido algunos de nuestros hijos". Por este motivo, y hasta la fecha, han presentado dos escritos al Ayuntamiento exigiendo el desmantelamiento de estos repetidores.
La primera de las cartas, dirigida al alcalde, Federico Cabello de Alba, se acompañaba de unas 300 firmas de los vecinos afectados. "Actualmente tenemos otras 200 firmas más para presentarlas con un nuevo escrito", aseguran los portavoces, que han denunciado que "desde el pasado 26 de octubre, fecha en que se presentó el primer escrito, aún no hemos sido recibidos por el señor alcalde ni por ningún miembro del equipo de gobierno".
"No entendemos cómo no han tomado ya ninguna medida, puesto que la obra es ilegal", señalan los vecinos, para añadir que "si cualquier ciudadano construye una casa o abre un bar sin papeles, de hoy para mañana lo cierran".
En el segundo de los escritos remitidos al alcalde de Montilla –al que ha tenido acceso este periódico-, los vecinos alertan de que la existencia de estos repetidores en una finca de propiedad privada "afecta a la salud de las familias que vivimos en estos términos", junto con los mayores residentes en al asilo de San Rafael, a los alumnos del CEIP San Francisco Solano y del centro infantil Reyes Magos, así como a los trabajadores de la zona e, incluso, a los componentes de la Agrupación Musical "La Unión", dado que "ensayan justamente debajo del mencionado repetidor".
Según el escrito presentado por los vecinos ante el Ayuntamiento de Montilla, el propietario de la finca sobre la que se asientan los repetidores "los introdujo dentro de un cartel de publicidad, con el objeto que no se viera" y así "infringir claramente la legislación vigente".
"Carece de todo tipo de documentación de licencia municipal, incumpliendo normas de edificación (accesibilidad, altura...) y normativa de baja tensión en el suministro eléctrico a los repetidores, el cual se realiza desde una nave colindante", indican los afectados, para añadir que, a su juicio, "se está incumpliendo la normativa medioambiental y la de telecomunicaciones".
"Estamos convencidos de que todas las personas que estamos en los límites de este repetidor estamos recibiendo una gran cantidad de radiaciones electromagnéticas no ionizantes de alta frecuencia que producen efectos nocivos para la salud a largo plazo", afirman los afectados.
De hecho, los denunciantes aseveran que "en la zona más próxima a los repetidores, donde existen unas 16 casas unifamiliares, se han sufrido tres casos de embarazos con algún tipo de problema para la salud, además de casos de infartos cerebrales y problemas de tiroides". En ese sentido, los vecinos advierten de que "posiblemente se puede ver y apreciar alguna relación causa-efecto" entre estas dolencias y la existencia en las inmediaciones de sus hogares de estas instalaciones.
Un asunto complejo y polémico
La ubicación de antenas de telefonía móvil y repetidores en las proximidades de viviendas y centros educativos o sanitarios es un asunto complejo y polémico. Así lo demuestra la decisión que, tras once años de batalla judicial, adoptó el Tribunal Supremo contra el recurso que el Ayuntamiento de Montilla interpuso con el objetivo de defender su Ordenanza Municipal para la Instalación y Funcionamiento de Instalaciones de Radiocomunicación, aprobada por el Pleno de la Corporación en 2001, y recurrida por Telefónica Móviles España por obligar a las compañías a situar las antenas de telefonía fuera del casco urbano.
Tal y como avanzó en primicia Montilla Digital, el Alto Tribunal decidió finalmente desestimar el recurso de casación que el Consistorio montillano –entonces gobernado por Izquierda Unida (IU)- promovió en 2005 para defender la legalidad de una ordenanza que instaba a las compañías a situar las antenas "fuera del ámbito perimetral del municipio", además de suscribir un seguro de responsabilidad civil para cubrir "eventuales daños, tanto en la población como en el entorno medioambiental".
En una sentencia a la que tuvo acceso este periódico el pasado mes de mayo, se precisa que "la competencia exclusiva del Estado en materia de telecomunicaciones no impide que los municipios puedan establecer restricciones a la ubicación de infraestructuras, siempre que no implique restricción para la adecuada prestación del servicio".
En ese sentido, y a juicio del Alto Tribunal, "la prohibición de instalación de antenas en cualquier porción de terreno del término municipal que no estuviera calificada urbanísticamente como de uso industrial […], unida a la coetánea imposición de su establecimiento a cierta distancia […], producía una grave quiebra del derecho a la prestación del servicio por las compañías operadoras del sector".
Asimismo, el Tribunal Supremo concluye que la prohibición de ubicación de antenas de telefonía móvil en un radio menor de 610 metros –tal y como establecía la ordenanza del Ayuntamiento de Montilla-, "se trata de una prohibición absoluta de ubicación de las infraestructuras sin razón urbanística, paisajística o medioambiental que explique o justifique dicha medida, que por inmotivada, debe considerarse desproporcionada y arbitraria".
De esta forma, se dio carpetazo definitivo a una agria polémica que, durante la pasada década, ocupó páginas y páginas de periódicos y que llevó incluso al Ayuntamiento a intentar desconectar, en febrero de 2003, la antena de telefonía móvil que existe en la barriada del Gran Capitán, junto al Parque del Párroco Antonio Gómez.
J.P. BELLIDO / REDACCIÓN
