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Solidaridad bajo amenazas

Comprendo que, en su actual ocupación, la delegada provincial de Salud en funciones, María Isabel Baena, no sea sino una empleada del PSOE que ha de acatar las órdenes e indicaciones que la consejera de Salud de la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, le indique.

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Y digo "empleada del PSOE" –yo lo soy de todos los españoles a través del Sistema Nacional de Salud- porque su cargo es de libre designación, dependiendo del Gobierno en el poder –en este caso, el socialista en nuestra Comunidad-.

Por ello, resulta lógico que ante el revuelo que se ha formado en centros de salud y hospitales de la provincia de Córdoba por los anunciados ajustes económicos y laborales, la delegada de Salud en funciones salga al quite, intentando evitar que las protestas y medidas anunciadas lleguen a más. Es lógico, no voy a discutirlo, pero sí que no puedo estar de acuerdo en la forma cómo lo ha hecho.

Me refiero a mezclar churras con merinas apelando, en una reciente comparecencia, al “esfuerzo solidario” que ha de realizar el personal sanitario, a la vez que justificando los recortes en las “amenazas” del Gobierno de la nación.

Pasemos por que los profesionales de la sanidad andaluza hagamos ese esfuerzo solidario –por cierto, llevamos tiempo haciéndolo, no es la primera bajada salarial ni los recortes de plantilla vienen de hace dos días- pero no intentemos politizar dicho esfuerzo sacándole rentabilidad electoral y, mucho menos, escurrir el bulto pretendiendo que sean otros quienes carguen con el muerto de la incompetencia de algunos.

El déficit de la Junta de Andalucía no es algo inventado sino real y, singularmente, le ha correspondido a un solo partido la responsabilidad de su génesis, al PSOE, como única fuerza política que ha ostentado la Presidencia del Gobierno andaluz en los últimos treinta años.

Que los socialistas hayan preferido recortar en personal sanitario el 33 por ciento de los recortes totales que van a producirse en personal de la Junta es decisión única y exclusiva del Gobierno de Griñán, que podría haber optado por otras muchas vías –ahí están la multitud de empresas públicas sobre las que se podría actuar- para reducir gastos.

No son, por tanto, las amenazas del Gobierno del Partido Popular lo que nos obliga a la solidaridad, sino la nefasta gestión del Gobierno de la Junta, que junto a lo realizado por otras comunidades autónomas, algunas de ellas gobernadas por el PP, ha determinado que Europa nos exija ajustes económicos que cada cual lleva a cabo de la forma que considera más oportuna y haciéndolos recaer sobre los sectores que estima adecuados –en este caso, la sanidad pública-.

Los profesionales sanitarios, creo que en su inmensa mayoría, somos trabajadores responsables, pero bueno sería recordarle a la señora Baena que no somos tontos o, al menos, no tan manipulables como ella pueda creer con sus declaraciones.

En todo caso, no se olvide que por no detraer recursos económicos de otras áreas de la Administración andaluza, se fuerza a los trabajadores más vulnerables de la sanidad –interinos y eventuales- a pérdidas salariales del 20 por ciento y a todos nuestros centros sanitarios a reducciones de la actividad asistencial que las autoridades sanitarias andaluzas bien saben que afectarán en alguna medida a la calidad de la asistencia sanitaria, por muy solidarios que nos mostremos.

Y en cuanto al rechazo por parte de la delegada del término “humillados” utilizado por el Colegio de Médicos de Córdoba para definir el sentimiento del colectivo médico, ya me dirá qué sensación puede sentir un profesional cuando, con la fuerza del Decreto, se menosprecia laboral y salarialmente su dedicación, llevándole en los últimos años a reducir su sueldo entre un 20 y un 30 por ciento.

Pues sí, humillados, cabreados, jodidos, indignados y así hasta calificativos de mayor grosor que me voy a permitir omitir. La solidaridad impuesta no deja ser sino una amenaza, en este caso sí, para la concordia social y para nuestro sistema público de Salud. Que cada palo aguante su vela.

ENRIQUE BELLIDO
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