Los “ajustes” y las “reformas” que promueve en España el Gobierno conservador del Partido Popular, bajo la Presidencia de Mariano Rajoy, con la excusa de combatir la crisis económica, están cercenando las oportunidades que brindaban los servicios públicos a los más desfavorecidos de la sociedad.
El desmantelamiento progresivo del Estado de Bienestar es una realidad amarga e imparable que acarreará unos efectos nocivos que repercutirán en el aumento de las desigualdades y en la desprotección de las capas más débiles y vulnerables de la población, ensanchando la brecha entre los que pueden sufragarse sus necesidades y los que dependen del auxilio social.
Porque ya no es que se niegue la asistencia sanitaria a los inmigrantes o se retire el traslado en ambulancia a los enfermos crónicos que precisen tratamientos periódicos en los hospitales, sino también del endurecimiento de las condiciones, con la intención de reducir su número, para la concesión de becas que faciliten los estudios universitarios a quienes no pueden pagárselos.
A partir de ahora, ya no basta con aprobar, sino que se deberá conseguir una nota media superior al aprobado para disponer de una beca universitaria. Según el ministro del ramo, José Ignacio Wert, el objetivo es buscar un mayor rendimiento académico e inculcar la “cultura del esfuerzo”.
Yo no he estudiado con esas ayudas, pero una hija sí pudo completar su carrera universitaria gracias a una beca que abarataba las matrículas. Ninguno de los dos éramos estudiantes de excelentes calificaciones pero tampoco repetíamos ningún curso: simplemente aprobábamos cada año con el esfuerzo y el rendimiento de nuestras personales capacidades intelectuales.
La diferencia entre mi hija y yo es que en mis tiempos no era tan oneroso estudiar, aunque sí mucho más improbable, no por el coste de los estudios, sino porque la economía familiar requería de los ingresos que cuanto antes pudieran aportar cada uno de sus miembros.
Con los nuevos requisitos que ahora exige el ministro de Educación, mi hija no hubiera podido conseguir sus estudios universitarios, y no por falta de esfuerzo o rendimiento académico, sino por no pertenecer a una familia pudiente.
Naturalmente, los fines reales que persigue el Gobierno son inconfesables porque desatarían una contestación multitudinaria entre los ciudadanos, en tanto en cuanto obedecen a la doctrina ideológica que profesa el partido conservador, consistente en “adelgazar” el Estado lo máximo posible, eliminando todo lo que consideran “gasto”; es decir, dejando que la iniciativa privada se haga cargo de los servicios que se proveían de manera pública.
De esta manera, no solo se irán recortando prestaciones sociales o endureciendo sus requisitos, sino que se acabará eliminando toda atención social para que sea contratada en el mercado, cuyo fin –no lo olvidemos- no es socorrer a nadie, sino tener beneficios, ganar dinero.
Si la finalidad fuera en verdad estimular la aplicación de los estudiantes, el Gobierno podría haber diseñado un plan de becas cuyo importe guardaría relación con el rendimiento académico, sin negar ninguna ayuda al estudiante que le basta con aprobar para labrarse una carrera.
Pero no siendo ese el propósito, si mucho no me equivoco, pronto serán los bancos los que ofrezcan becas a los universitarios que puedan suscribir tales préstamos o cuenten con el aval de sus familias.
Menos mal que mi hija ya es profesora de Filología Hispánica porque en la actualidad, con las tijeras de Rajoy, no hubiera tenido oportunidad de pisar la universidad. No por mal estudiante, sino por pertenecer a una familia sin recursos. ¿Ese es el modelo de sociedad que deseamos para nuestros hijos o... nietos?
El desmantelamiento progresivo del Estado de Bienestar es una realidad amarga e imparable que acarreará unos efectos nocivos que repercutirán en el aumento de las desigualdades y en la desprotección de las capas más débiles y vulnerables de la población, ensanchando la brecha entre los que pueden sufragarse sus necesidades y los que dependen del auxilio social.
Porque ya no es que se niegue la asistencia sanitaria a los inmigrantes o se retire el traslado en ambulancia a los enfermos crónicos que precisen tratamientos periódicos en los hospitales, sino también del endurecimiento de las condiciones, con la intención de reducir su número, para la concesión de becas que faciliten los estudios universitarios a quienes no pueden pagárselos.
A partir de ahora, ya no basta con aprobar, sino que se deberá conseguir una nota media superior al aprobado para disponer de una beca universitaria. Según el ministro del ramo, José Ignacio Wert, el objetivo es buscar un mayor rendimiento académico e inculcar la “cultura del esfuerzo”.
Yo no he estudiado con esas ayudas, pero una hija sí pudo completar su carrera universitaria gracias a una beca que abarataba las matrículas. Ninguno de los dos éramos estudiantes de excelentes calificaciones pero tampoco repetíamos ningún curso: simplemente aprobábamos cada año con el esfuerzo y el rendimiento de nuestras personales capacidades intelectuales.
La diferencia entre mi hija y yo es que en mis tiempos no era tan oneroso estudiar, aunque sí mucho más improbable, no por el coste de los estudios, sino porque la economía familiar requería de los ingresos que cuanto antes pudieran aportar cada uno de sus miembros.
Con los nuevos requisitos que ahora exige el ministro de Educación, mi hija no hubiera podido conseguir sus estudios universitarios, y no por falta de esfuerzo o rendimiento académico, sino por no pertenecer a una familia pudiente.
Naturalmente, los fines reales que persigue el Gobierno son inconfesables porque desatarían una contestación multitudinaria entre los ciudadanos, en tanto en cuanto obedecen a la doctrina ideológica que profesa el partido conservador, consistente en “adelgazar” el Estado lo máximo posible, eliminando todo lo que consideran “gasto”; es decir, dejando que la iniciativa privada se haga cargo de los servicios que se proveían de manera pública.
De esta manera, no solo se irán recortando prestaciones sociales o endureciendo sus requisitos, sino que se acabará eliminando toda atención social para que sea contratada en el mercado, cuyo fin –no lo olvidemos- no es socorrer a nadie, sino tener beneficios, ganar dinero.
Si la finalidad fuera en verdad estimular la aplicación de los estudiantes, el Gobierno podría haber diseñado un plan de becas cuyo importe guardaría relación con el rendimiento académico, sin negar ninguna ayuda al estudiante que le basta con aprobar para labrarse una carrera.
Pero no siendo ese el propósito, si mucho no me equivoco, pronto serán los bancos los que ofrezcan becas a los universitarios que puedan suscribir tales préstamos o cuenten con el aval de sus familias.
Menos mal que mi hija ya es profesora de Filología Hispánica porque en la actualidad, con las tijeras de Rajoy, no hubiera tenido oportunidad de pisar la universidad. No por mal estudiante, sino por pertenecer a una familia sin recursos. ¿Ese es el modelo de sociedad que deseamos para nuestros hijos o... nietos?
DANIEL GUERRERO