Participaba, como otros viernes, en una tertulia radiofónica en Onda Cero. Quien guiaba la misma nos propuso, entre varios temas, que hablásemos de la reforma laboral aprobada por el Gobierno.
Fue el único tema de debate, en gran medida debido a que entre los tertulianos se encontraba un antiguo dirigente sindical, me imagino que muy cercano al PSOE, que aprovechó –estaba en su derecho- gran parte de los 45 minutos de tertulia para hacer crítica de las medidas adoptadas por el Ejecutivo de Mariano Rajoy y que habrán de ser refrendadas en el Congreso para convertirse en texto legislativo.
Y es que, en situaciones como esta, a la izquierda le es mucho más fácil debatir sobre este tipo de asuntos. Por una parte, porque las medidas exigen un evidente esfuerzo a la clase trabajadora; y, por otra, porque la argumentación con una importante carga de demagogia se vuelve mucho más creíble si viene desde posiciones “progresistas” que si se hace desde las “conservadoras”.
En cualquier caso, resulta ciertamente complicado explicar cómo abaratando el despido pueda generarse empleo en unos momentos en los que el empresario está necesitado de aligerar la carga laboral, no existe dinero circulante que invite a los emprendedores a la creación de nuevas empresas, el dinero del que los españoles disponemos para el consumo se ha reducido a niveles casi de subsistencia y en el marco internacional no se dan unas condiciones propicias para que nuestros productos, por el coste de la mano de obra y la tecnología, sean competitivos.
Sin embargo, le duela a las organizaciones sindicales –yo creo que menos, aunque lo disimulen- y nos duela a los propios trabajadores, si realmente estamos decididos a mantenernos en Europa, lógicamente a través de nuestra integración en la Moneda Única, pocas alternativas parecen existir a una reforma del mercado de trabajo que otorgue una mayor flexibilidad al mismo, aunque ello represente perder algunos de los beneficios que en años de bonanza se lograron obtener.
No olvidemos que fue a un socialista, al socialdemócrata alemán Gerhard Schröder (SPD), a quien le correspondió llevar a cabo en Alemania una profunda reforma laboral que, con el título de Agenda 2010, modificó leyes concernientes al trabajo, la salud, las pensiones o la inmigración.
Una reforma mucho más dura que la que ahora estamos viviendo en España, y que aún a pesar de absorber toda la mano de obra y el escaso desarrollo económico y empresarial de la Alemania del Este, tras la unificación, ha llevado a que en la actualidad el país centroeuropeo cuente con una tasa de desempleados en torno al 6 por ciento de la población activa, mientras en España estemos ya en cifras superiores al 23 por ciento de paro.
Algo ha de resultarnos evidente: el Estado, a nivel central, autonómico o local, hoy por hoy, es incapaz, por sí mismo, con cargo a los fondos que le son propios en cada uno de los niveles, de crear más empleo.
Muy al contrario, estamos viendo y así será en el futuro inmediato, cómo se producirá una progresiva destrucción de empleo público, ante la necesidad de superar los déficits ahora existentes en las instituciones y empresas públicas y la falta de liquidez de estas para hacer frente a necesidades más perentorias como puedan ser las de un carácter más social.
Si esto es así, que lo es, sólo el capital privado puede generar empleo en este y cualquier otro país. Pero nadie puede, constitucionalmente, obligar al empresario a invertir, ni tan siquiera para convertirse en autoempleadores de sí mismos como autónomos.
Solo estableciendo unas condiciones de empleo que resulten atractivas para quien arriesga su capital –que en esto todos arriesgamos algo- es posible intentar que, junto a otras medidas que efectivamente han de ponerse en marcha, nuestra economía reaccione, reaccionando con ella el consumo y, con este, el incremento de ingresos públicos que hagan posibles nuevas inversiones y mejorar sociales. Ello, eso sí, acompañado de un riguroso seguimiento de la responsabilidad que el empresario debe asumir en este proceso.
No cabe, en modo alguno, que la creación de empleo privado pueda usarse como chantaje a la sociedad a través del cual una clase empresarial irresponsable pudiera llenar sus arcas de beneficios. Si sufrimos, lo hacemos todos; y si obtenemos dividendos, estos deberán ser repartidos de forma equitativa entre todos.
Ahí puede que radique la principal dificultad del Gobierno de Rajoy: en establecer ese punto de equilibrio que impida que la balanza se decante hacia uno u otro lado. No va a resultar sencillo por las tensiones e intereses políticos, económicos y de poder que a nadie escapa que se están poniendo en juego. En cualquier caso, y en beneficio del país, confiemos en que lo logre.
Fue el único tema de debate, en gran medida debido a que entre los tertulianos se encontraba un antiguo dirigente sindical, me imagino que muy cercano al PSOE, que aprovechó –estaba en su derecho- gran parte de los 45 minutos de tertulia para hacer crítica de las medidas adoptadas por el Ejecutivo de Mariano Rajoy y que habrán de ser refrendadas en el Congreso para convertirse en texto legislativo.
Y es que, en situaciones como esta, a la izquierda le es mucho más fácil debatir sobre este tipo de asuntos. Por una parte, porque las medidas exigen un evidente esfuerzo a la clase trabajadora; y, por otra, porque la argumentación con una importante carga de demagogia se vuelve mucho más creíble si viene desde posiciones “progresistas” que si se hace desde las “conservadoras”.
En cualquier caso, resulta ciertamente complicado explicar cómo abaratando el despido pueda generarse empleo en unos momentos en los que el empresario está necesitado de aligerar la carga laboral, no existe dinero circulante que invite a los emprendedores a la creación de nuevas empresas, el dinero del que los españoles disponemos para el consumo se ha reducido a niveles casi de subsistencia y en el marco internacional no se dan unas condiciones propicias para que nuestros productos, por el coste de la mano de obra y la tecnología, sean competitivos.
Sin embargo, le duela a las organizaciones sindicales –yo creo que menos, aunque lo disimulen- y nos duela a los propios trabajadores, si realmente estamos decididos a mantenernos en Europa, lógicamente a través de nuestra integración en la Moneda Única, pocas alternativas parecen existir a una reforma del mercado de trabajo que otorgue una mayor flexibilidad al mismo, aunque ello represente perder algunos de los beneficios que en años de bonanza se lograron obtener.
No olvidemos que fue a un socialista, al socialdemócrata alemán Gerhard Schröder (SPD), a quien le correspondió llevar a cabo en Alemania una profunda reforma laboral que, con el título de Agenda 2010, modificó leyes concernientes al trabajo, la salud, las pensiones o la inmigración.
Una reforma mucho más dura que la que ahora estamos viviendo en España, y que aún a pesar de absorber toda la mano de obra y el escaso desarrollo económico y empresarial de la Alemania del Este, tras la unificación, ha llevado a que en la actualidad el país centroeuropeo cuente con una tasa de desempleados en torno al 6 por ciento de la población activa, mientras en España estemos ya en cifras superiores al 23 por ciento de paro.
Algo ha de resultarnos evidente: el Estado, a nivel central, autonómico o local, hoy por hoy, es incapaz, por sí mismo, con cargo a los fondos que le son propios en cada uno de los niveles, de crear más empleo.
Muy al contrario, estamos viendo y así será en el futuro inmediato, cómo se producirá una progresiva destrucción de empleo público, ante la necesidad de superar los déficits ahora existentes en las instituciones y empresas públicas y la falta de liquidez de estas para hacer frente a necesidades más perentorias como puedan ser las de un carácter más social.
Si esto es así, que lo es, sólo el capital privado puede generar empleo en este y cualquier otro país. Pero nadie puede, constitucionalmente, obligar al empresario a invertir, ni tan siquiera para convertirse en autoempleadores de sí mismos como autónomos.
Solo estableciendo unas condiciones de empleo que resulten atractivas para quien arriesga su capital –que en esto todos arriesgamos algo- es posible intentar que, junto a otras medidas que efectivamente han de ponerse en marcha, nuestra economía reaccione, reaccionando con ella el consumo y, con este, el incremento de ingresos públicos que hagan posibles nuevas inversiones y mejorar sociales. Ello, eso sí, acompañado de un riguroso seguimiento de la responsabilidad que el empresario debe asumir en este proceso.
No cabe, en modo alguno, que la creación de empleo privado pueda usarse como chantaje a la sociedad a través del cual una clase empresarial irresponsable pudiera llenar sus arcas de beneficios. Si sufrimos, lo hacemos todos; y si obtenemos dividendos, estos deberán ser repartidos de forma equitativa entre todos.
Ahí puede que radique la principal dificultad del Gobierno de Rajoy: en establecer ese punto de equilibrio que impida que la balanza se decante hacia uno u otro lado. No va a resultar sencillo por las tensiones e intereses políticos, económicos y de poder que a nadie escapa que se están poniendo en juego. En cualquier caso, y en beneficio del país, confiemos en que lo logre.
ENRIQUE BELLIDO
