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El valor de un voto

Un voto vale más que una pancarta. Unas elecciones valen más que una manifestación y que una huelga general... o dos. Cándido Méndez dijo que la Reforma Laboral era un “golpe de estado” después de que la votaran los representantes elegidos por el pueblo, por abrumadora mayoría, en el Parlamento. Cándido Méndez, seguro, votó el 20-N, y también Toxo, y los 100.000 liberados y asalariados sindicales, así como la inmensa mayoría de los manifestantes del domingo. Y sus votos se contaron. Lo que sucedió es que perdieron.

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Los sindicatos tienen todo el derecho a manifestarse y a convocar huelgas. Y los ciudadanos a acudir a ellas o ir a trabajar. Que eso es también algo que no parecen comprender y que pretenden imponer: hacernos huelguistas a la fuerza.

Las centrales sindicales, convertidas en gigantescas maquinarias burocráticas, subvencionadas con dinero público de nuestros impuestos, se han lanzado a la yugular del nuevo Gobierno. Pero ese Gobierno tiene detrás toda la legitimidad para actuar. Es más, tiene la obligación de hacerlo tras haberse encontrado el país en la dramática situación actual: en recesión y con más de cinco millones de parados.

Algo de lo que, por cierto, los sindicatos -que no los trabajadores- son corresponsables y este Méndez agitador de ahora era quien ayer visitaba la Moncloa como si fuera un vicepresidente del Gobierno más.

La huelga de opereta al compañero Zapatero la hicieron al final como si se la hicieran a todos menos a él y a su Gobierno. De hecho, uno de los huelguistas acabó de efímero ministro para retomar de inmediato la pancarta tras el varapalo de las urnas.

Los sindicatos dicen que representan a los trabajadores. Eso será cierto en las fábricas o en los lugares de trabajo. Pero a los trabajadores, como a todos, política y constitucionalmente, los representan aquellos que han sido elegidos en las urnas.

Las razones sindicales existen, faltaría más, pero no es ni media verdad lo que proclaman. La Reforma Laboral española ni acaba con los derechos ni siquiera llega a rozar la profundidad de la que pactaron los sindicatos alemanes con el canciller Schröder, socialista, y que ha llevado a su país a la más alta cuota de empleo de su historia.

Los 45 días por año trabajado se mantienen como derecho adquirido y, a partir de ahora, se rebajan a 33. No hay pues ese despido libre o gratuito. Lo que sí hay es una severa revisión del propio papel de los sindicatos en las relaciones laborales. Y es ahí, en realidad, donde les duele.

Los sindicatos españoles, con más de 10.000 asalariados y otros 70.000 liberados, han gozado de todas las prebendas, de unas subvenciones multimillonarias, de un maná en forma de dudosos cursos de Formación que solo ellos controlaban. Y ahora, todo ese poder entra en cuestión.

Por ello esta huelga tan previsible, prevista, anunciada y pregonada desde antes incluso que Rajoy tomará posesión. Más allá de defender a los trabajadores y a los parados que dicen defender -y a los que, sobre todo a los segundos, se las ha visto defender muy poco años atrás- lo que defienden es la propia estructura sindical.

El PSOE, derrotado en las urnas, derrotado en el Parlamento, quiere de nuevo votar en la calle. Puede ser también un mal paso, como el sindical, pues la memoria de la sociedad, aunque frágil, no lo es tanto como para no recordar quiénes son y dónde estaban tan solo con mirar un paso atrás. Méndez y Rubalcaba gozan, en este sentido, de muy escasa credibilidad.

El Gobierno no puede ni debe -ni tiene pinta alguna- dar marcha atrás. Tiene la legitimidad y la fuerza suficiente como para seguir adelante intentado reparar este motor gripado que es España y al que precisamente han llevado a quedarse sin aceite y sin gasolina estos sindicatos que, ahora, y en eso tienen razón, luchan más que nada por ellos mismos.

Por seguir mandando en cosas que tal vez no tienen por qué mandar. Y por percibir, a cuento de qué, unos dineros públicos que no tienen por qué percibir. Unos dineros de los que no se da cuenta alguna. Porque esa es otra: la transparencia que exigen a todos, a ellos no se la aplican jamás. Y algún día habrá que saber cómo y en qué se emplea ese dinero sindical. Porque si es público, y lo es en su mayoría, y no de sus afiliados y socios, los paganos tenemos derecho a saber.
ANTONIO PÉREZ HENARES
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