Casi todas las fuerzas políticas españolas han conseguido, en un ejercicio de responsabilidad, llegar a un acuerdo para trabajar por el fin de ETA y por la dignidad y memoria de las víctimas del totalitarismo etarra. Admiten que la “dimensión política” del conflicto vasco se encuentra en un “nuevo tiempo” para el que se necesitan respuestas diferentes y para que el cese definitivo de ETA y la convivencia pacífica sean para siempre.
Este preacuerdo no pudo ser votado la pasada semana en el Congreso de los Diputados porque Rosa Díez lo ha vetado. UPyD ha frenado el acuerdo de los demócratas contra ETA. A Rosa Díez no le vale el “cese definitivo” de ETA ni que Bildu o Amaiur condenen “todas las formas de violencia”.
No le vale a la líder magenta que los abertzales solo quieran hacer política a través de la palabra. El “nuevo tiempo” deja a UPyD sin argumentos, sin ideas, sin proyecto y sin titular. Rosa Díez se queda sin partido y sin sueldo.
La indecencia política de esta asalariada política vitalicia –lleva 33 años siendo cargo público- es capaz de reprocharle al popular Leopoldo Barreda o al socialista Ramón Jáuregui –vascos y sufridores de las consecuencias del terrorismo- que están más cerca de ETA o de Amaiur que de la democracia. Su soberbia moral le otorga categoría para considerarse la única defensora de las víctimas y para difamar a quienes cuestionan su catadura moral.
Casualmente, los dos únicos partidos que se han opuesto al consenso político, de un texto alternativo, han sido UPyD y Amaiur. Ambas fuerzas políticas se retroalimentan. Se necesitan mutuamente para seguir sacando tajada de la falsa liberación de Euskal Herria, unos, y de la cínica firmeza contra los terroristas, los otros. Son la cara y la cruz de una misma moneda: los que han justificado la violencia y los que han sacado tajada política del terrorismo.
Rosa Díez fue capaz de utilizar al colectivo Basta Ya como germen de su chiringuito político, deshaciéndose de los fundadores de la plataforma cívica cuando éstos supusieron un estorbo en su lucha por el control de UPyD.
La demagogia y falta de escrúpulos de Rosa Díez también se pasearon junto a la ultraderecha por las calles de Madrid para insinuar que Zapatero era amigo de ETA o que el Gobierno socialista estaba más cerca de los terroristas que de las víctimas de ETA.
Su poca responsabilidad política y sus verdaderas intenciones han quedado aisladas en el Congreso de los Diputados. Su delirio y su ansiosa búsqueda de un titular que la sitúe como la única abanderada de la defensa de las víctimas dejan a UPyD fuera de un pacto responsable con el resto de fuerzas políticas.
La líder magenta quiere ilegalizar a Bildu porque sí, aunque el Tribunal Constitucional haya fallado a favor de la formación abertzale. Rosa Díez quiere ilegalizar las ideas de Bildu o de Amaiur, unas ideas que representan a 330.000 vascos.
La ultraderecha rosa quizás debería plantearse si también tenemos que ilegalizar a su partido político, ya que ha recibido el apoyo explícito del ultraderechista Sáenz de Ynestrillas que, para quien no lo sepa, es un militante neofacista que fue condenado por el Tribunal Supremo a siete años de cárcel por un delito de homicidio en grado de tentativa.
La militancia de Sáenz de Ynestrillas aboga por un golpe de Estado militar en España, por la expulsión de los inmigrantes, por la persecución de homosexuales y por la imposición del catolicismo como Ley Fundamental del Estado. Ideas tan perversas y antidemocráticas como las que han defendido los terroristas antes de declarar el cese definitivo de la violencia. ¿Ilegalizamos a UPyD por tener apoyos de un enemigo de la democracia?
Este preacuerdo no pudo ser votado la pasada semana en el Congreso de los Diputados porque Rosa Díez lo ha vetado. UPyD ha frenado el acuerdo de los demócratas contra ETA. A Rosa Díez no le vale el “cese definitivo” de ETA ni que Bildu o Amaiur condenen “todas las formas de violencia”.
No le vale a la líder magenta que los abertzales solo quieran hacer política a través de la palabra. El “nuevo tiempo” deja a UPyD sin argumentos, sin ideas, sin proyecto y sin titular. Rosa Díez se queda sin partido y sin sueldo.
La indecencia política de esta asalariada política vitalicia –lleva 33 años siendo cargo público- es capaz de reprocharle al popular Leopoldo Barreda o al socialista Ramón Jáuregui –vascos y sufridores de las consecuencias del terrorismo- que están más cerca de ETA o de Amaiur que de la democracia. Su soberbia moral le otorga categoría para considerarse la única defensora de las víctimas y para difamar a quienes cuestionan su catadura moral.
Casualmente, los dos únicos partidos que se han opuesto al consenso político, de un texto alternativo, han sido UPyD y Amaiur. Ambas fuerzas políticas se retroalimentan. Se necesitan mutuamente para seguir sacando tajada de la falsa liberación de Euskal Herria, unos, y de la cínica firmeza contra los terroristas, los otros. Son la cara y la cruz de una misma moneda: los que han justificado la violencia y los que han sacado tajada política del terrorismo.
Rosa Díez fue capaz de utilizar al colectivo Basta Ya como germen de su chiringuito político, deshaciéndose de los fundadores de la plataforma cívica cuando éstos supusieron un estorbo en su lucha por el control de UPyD.
La demagogia y falta de escrúpulos de Rosa Díez también se pasearon junto a la ultraderecha por las calles de Madrid para insinuar que Zapatero era amigo de ETA o que el Gobierno socialista estaba más cerca de los terroristas que de las víctimas de ETA.
Su poca responsabilidad política y sus verdaderas intenciones han quedado aisladas en el Congreso de los Diputados. Su delirio y su ansiosa búsqueda de un titular que la sitúe como la única abanderada de la defensa de las víctimas dejan a UPyD fuera de un pacto responsable con el resto de fuerzas políticas.
La líder magenta quiere ilegalizar a Bildu porque sí, aunque el Tribunal Constitucional haya fallado a favor de la formación abertzale. Rosa Díez quiere ilegalizar las ideas de Bildu o de Amaiur, unas ideas que representan a 330.000 vascos.
La ultraderecha rosa quizás debería plantearse si también tenemos que ilegalizar a su partido político, ya que ha recibido el apoyo explícito del ultraderechista Sáenz de Ynestrillas que, para quien no lo sepa, es un militante neofacista que fue condenado por el Tribunal Supremo a siete años de cárcel por un delito de homicidio en grado de tentativa.
La militancia de Sáenz de Ynestrillas aboga por un golpe de Estado militar en España, por la expulsión de los inmigrantes, por la persecución de homosexuales y por la imposición del catolicismo como Ley Fundamental del Estado. Ideas tan perversas y antidemocráticas como las que han defendido los terroristas antes de declarar el cese definitivo de la violencia. ¿Ilegalizamos a UPyD por tener apoyos de un enemigo de la democracia?
RAÚL SOLÍS