Los medios de comunicación y sus profesionales tendrán que responder sobre por qué se alimentan de carroña y funcionan como altavoz del sensacionalismo de mesa camilla. Se puede informar de un suceso sin extender la idea de que los tribunales de Justicia no funcionan y sin pretender ser juez y parte.
Las empresas informativas –incluso las privadas- están obligadas por ley a crear ciudadanía que, sin duda, no significa “ojo por ojo, diente por diente” ni usar el discurso desconsolado de una familia –entendible, por otra parte- para disparar contra presuntos.
Deberían, para ser honestos, explicar sus verdaderos porqués: que están usando la desesperación y dolor de los padres de una niña asesinada como anzuelo para engrosar sus ingresos publicitarios, aunque sea a costa de la convivencia, y dando legitimidad a la indignación popular que desearía ver linchados en cualquier plaza a algunos de los implicados en el caso Marta del Castillo.
Los sistemas judiciales democráticos se diferencian de los totalitarios porque se presupone la inocencia, no la culpabilidad. La Justicia de un Estado democrático no es la venganza, el odio, la sinrazón, la exposición de las vísceras ni instintos animalistas.
La manera de proceder de la prensa atenta contra los códigos deontológicos de la profesión y de la función principal del Periodismo: favorecer la construcción de democracias serenas y maduras.
Imagino a los programadores de Cuatro, Antena 3 o Telecinco frotarse las manos cuando supieron del fallo del juez que ha dictado sentencia en el caso Marta del Castillo: más carnaza, más vísceras, más audiencia, más dolor, más escarnio y más indignación. Aunque hace tres meses pagaron 10.000 euros a la madre de unos de los acusados. Todo vale con tal de conseguir una buena cuota de pantalla.
Es fácil azuzar los ánimos de personas que viven pegadas a la pantalla del televisor, “cuyo horizonte reflexivo no sube más allá del negro precioso de la pasta del televisor”, en palabras de Juan Carlos Suárez Villegas, profesor de Ética Periodística en la Facultad de Comunicación de la Universidad de Sevilla.
Ni España es un país homicida ni los asesinos salen impunes. No lo digo yo, lo dicen los datos sobre la población penitenciaria española facilitados por el Ministerio del Interior. Solo cinco de cada 100 presos españoles están en prisión por homicidio, lo que convierte a España en el país de la UE con menos delitos violentos por cada mil habitantes.
Sin embargo, el territorio patrio cuenta con la población penitenciaria más elevada de los Veintisiete. A merced de modificar el Código Penal a golpe de telediario, haciendo caso a los buitres carroñeros que únicamente se alimentan de vísceras y confunden "justicia" con "venganza".
O dando pábulo al populismo de personajes como Juan Ignacio Zoido, alcalde de Sevilla y juez en excedencia, que afirma que hay que modificar la Ley del Menor para castigar con penas de adultos a adolescentes.
Un Zoido que, por cierto, se permite incumplir las leyes aprobadas por el Parlamento andaluz. Y es que, además de alcalde de la ciudad más grande de Andalucía y presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), quiere ser diputado andaluz. Justicia a la carta, “como Dios manda”.
Los buitres carroñeros saben cuándo es buen momento para hacer caja electoral. Si es preciso, se pasean al lado del dolor de unos padres destrozados y los lucen en los mítines de Partido Popular como trofeos de caza.
Ni Juan Ignacio Zoido ni los medios (des)informativos explicarán que los menores españoles no resuelven sus conflictos con asesinatos. Ni darán el dato de que sólo uno de cada 100 penados españoles tienen entre 18 y 25 años. No interesa.
Extender el miedo otorga audiencias y victorias electorales astronómicas. Aunque estén manchadas de sangre, de sufrimiento y de indecencia. Jalear los instintos más primarios es lo que hacen los ayatolás iraníes. La sangre vende y a los villanos les encanta verse como héroes indignados en las plazas públicas abarrotadas de manifestantes que confunden "venganza" con "justicia".
Los mismos “jueces del pueblo” que montan en cólera por una sentencia que no han leído y de la que deseaban pena de muerte para el asesino confeso y los presuntos, son los que dieron el segundo mejor dato histórico de audiencia a La Noria el día de la infame entrevista a la madre de El Cuco, uno de los implicados en el caso Marta del Castillo. Los buitres son así: se alimentan exclusivamente de carroña.
Las empresas informativas –incluso las privadas- están obligadas por ley a crear ciudadanía que, sin duda, no significa “ojo por ojo, diente por diente” ni usar el discurso desconsolado de una familia –entendible, por otra parte- para disparar contra presuntos.
Deberían, para ser honestos, explicar sus verdaderos porqués: que están usando la desesperación y dolor de los padres de una niña asesinada como anzuelo para engrosar sus ingresos publicitarios, aunque sea a costa de la convivencia, y dando legitimidad a la indignación popular que desearía ver linchados en cualquier plaza a algunos de los implicados en el caso Marta del Castillo.
Los sistemas judiciales democráticos se diferencian de los totalitarios porque se presupone la inocencia, no la culpabilidad. La Justicia de un Estado democrático no es la venganza, el odio, la sinrazón, la exposición de las vísceras ni instintos animalistas.
La manera de proceder de la prensa atenta contra los códigos deontológicos de la profesión y de la función principal del Periodismo: favorecer la construcción de democracias serenas y maduras.
Imagino a los programadores de Cuatro, Antena 3 o Telecinco frotarse las manos cuando supieron del fallo del juez que ha dictado sentencia en el caso Marta del Castillo: más carnaza, más vísceras, más audiencia, más dolor, más escarnio y más indignación. Aunque hace tres meses pagaron 10.000 euros a la madre de unos de los acusados. Todo vale con tal de conseguir una buena cuota de pantalla.
Es fácil azuzar los ánimos de personas que viven pegadas a la pantalla del televisor, “cuyo horizonte reflexivo no sube más allá del negro precioso de la pasta del televisor”, en palabras de Juan Carlos Suárez Villegas, profesor de Ética Periodística en la Facultad de Comunicación de la Universidad de Sevilla.
Ni España es un país homicida ni los asesinos salen impunes. No lo digo yo, lo dicen los datos sobre la población penitenciaria española facilitados por el Ministerio del Interior. Solo cinco de cada 100 presos españoles están en prisión por homicidio, lo que convierte a España en el país de la UE con menos delitos violentos por cada mil habitantes.
Sin embargo, el territorio patrio cuenta con la población penitenciaria más elevada de los Veintisiete. A merced de modificar el Código Penal a golpe de telediario, haciendo caso a los buitres carroñeros que únicamente se alimentan de vísceras y confunden "justicia" con "venganza".
O dando pábulo al populismo de personajes como Juan Ignacio Zoido, alcalde de Sevilla y juez en excedencia, que afirma que hay que modificar la Ley del Menor para castigar con penas de adultos a adolescentes.
Un Zoido que, por cierto, se permite incumplir las leyes aprobadas por el Parlamento andaluz. Y es que, además de alcalde de la ciudad más grande de Andalucía y presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), quiere ser diputado andaluz. Justicia a la carta, “como Dios manda”.
Los buitres carroñeros saben cuándo es buen momento para hacer caja electoral. Si es preciso, se pasean al lado del dolor de unos padres destrozados y los lucen en los mítines de Partido Popular como trofeos de caza.
Ni Juan Ignacio Zoido ni los medios (des)informativos explicarán que los menores españoles no resuelven sus conflictos con asesinatos. Ni darán el dato de que sólo uno de cada 100 penados españoles tienen entre 18 y 25 años. No interesa.
Extender el miedo otorga audiencias y victorias electorales astronómicas. Aunque estén manchadas de sangre, de sufrimiento y de indecencia. Jalear los instintos más primarios es lo que hacen los ayatolás iraníes. La sangre vende y a los villanos les encanta verse como héroes indignados en las plazas públicas abarrotadas de manifestantes que confunden "venganza" con "justicia".
Los mismos “jueces del pueblo” que montan en cólera por una sentencia que no han leído y de la que deseaban pena de muerte para el asesino confeso y los presuntos, son los que dieron el segundo mejor dato histórico de audiencia a La Noria el día de la infame entrevista a la madre de El Cuco, uno de los implicados en el caso Marta del Castillo. Los buitres son así: se alimentan exclusivamente de carroña.
RAÚL SOLÍS