Por más que queramos evitarlo, parece que Alemania y Francia –o, lo que es lo mismo, Merkel y Sarkozy- están más que decididos a poner en marcha una unificación de las políticas fiscales de la Unión Monetaria europea. La vieja aspiración de contar con una Europa unida no sólo en lo económico, sino también en lo político y en lo social, daría de este modo un paso de gigante si se llega a adoptar esta decisión.
Sin embargo, insistiendo en mi argumentación de la semana pasada, creo sinceramente que esto no es viable; no sin grandes sacrificios por parte de unas cuantas economías (España, Italia, Irlanda, Portugal, Grecia y alguno más) cuyos sistemas fiscales están lejos de ser eficientes, en parte por causa de su deficiente diseño, en parte por causas sociológicas o estructurales.
En este sentido, quiero agradecer a los lectores de esta columna –especialmente a mi buen amigo Enrique G.- algunos comentarios que me han enviado a raíz de El problema de los eurobonos. Es cierto que el análisis realizado ahí es simple: no puede ser de otra manera en un espacio escrito tan reducido; sin embargo, el quid de la cuestión, en mi humilde opinión, está meridianamente claro: España o Italia, lo queramos o no, no son Alemania, ni Holanda, ni Austria.
El caso es que estas diferencias que comentaba, y en las que me reitero sin vacilación, pueden ser insalvables en cuanto al ámbito fiscal se refiere. Suena a tópico, lo sé, pero es que es la cruda realidad: un alemán medio jamás pensaría evadir impuestos. Un español medio busca cualquier posibilidad de hacerlo.
Un ciudadano centroeuropeo considera el impuesto como un pago por los servicios que nos ofrece el Estado. Un ciudadano sureuropeo considera el impuesto una carga, entre otras cosas porque probablemente los servicios que recibe a cambio no son de calidad.
Por cierto, en referencia a la cuestión del fraude fiscal quisiera hacer un breve aparte. Se oye en los medios hablar del fraude. Incluso los técnicos de Hacienda acaban de publicar hace muy poquito un informe en el que cuantifican ese fraude en el entorno de los 30.000 millones de euros en España.
Es inevitable pensar instantáneamente en grandes nombres: Botín, Ortega, Álvarez... Sin embargo, estos nombres, sencillamente, no defraudan a Hacienda. Está claro que tienen recursos más que suficientes para contratar a especialistas que planifiquen fiscalmente sus empresas y patrimonios, por lo que no tienen necesidad alguna de incurrir en ocultación fiscal –y, por favor, no me respondan a esto con el tema de las SICAV: es un instrumento legal y lícito, y hasta que nadie lo reforme, serguirá siendo legal y lícito-. ¿De dónde salen entonces los treinta mil millones del ala?
Párese un momento y mire a su alrededor: ¿a cuántos exempleados de la construcción conoce que están oficialmente en paro? ¿de cuánta gente sabe usted que están trabajando en una actividad sin dar de alta en Seguridad Social o Hacienda?
Y ahora respóndase a esta pregunta: ¿de verdad cree que el Estado perseguiría a esta gente que, sin posibilidades de tener un empleo, se está buscando la vida como puede? Es cierto que hay fraude en determinados sectores –profesionales, autónomos...- pero también lo es que siempre echamos la culpa a quien probablemente menos tiene.
En resumen, nuestra propia idiosincrasia puede limitar seriamente nuestras posibilidades de acceder a ese nuevo Tratado de la Unión. De esto son tan conscientes Sarkozy y Merkel como Monti y Rajoy, y por eso los jefes de la Unión Europea dijeron el otro día que el nuevo Tratado es necesario, sea con todos o no.
¿Tiene España posibilidades reales de incluirse en la Europa de categoría A? Sinceramente creo que sí, porque el potencial de crecimiento es considerablemente más grande que el de Italia, por ejemplo, y su ratio de endeudamiento mucho menor. Sin embargo, en la misma proporción están las papeletas para quedarnos fuera, precisamente por las razones que argumento y las posibilidades reales de poner en práctica una armonización fiscal completa.
Sin embargo, insistiendo en mi argumentación de la semana pasada, creo sinceramente que esto no es viable; no sin grandes sacrificios por parte de unas cuantas economías (España, Italia, Irlanda, Portugal, Grecia y alguno más) cuyos sistemas fiscales están lejos de ser eficientes, en parte por causa de su deficiente diseño, en parte por causas sociológicas o estructurales.
En este sentido, quiero agradecer a los lectores de esta columna –especialmente a mi buen amigo Enrique G.- algunos comentarios que me han enviado a raíz de El problema de los eurobonos. Es cierto que el análisis realizado ahí es simple: no puede ser de otra manera en un espacio escrito tan reducido; sin embargo, el quid de la cuestión, en mi humilde opinión, está meridianamente claro: España o Italia, lo queramos o no, no son Alemania, ni Holanda, ni Austria.
El caso es que estas diferencias que comentaba, y en las que me reitero sin vacilación, pueden ser insalvables en cuanto al ámbito fiscal se refiere. Suena a tópico, lo sé, pero es que es la cruda realidad: un alemán medio jamás pensaría evadir impuestos. Un español medio busca cualquier posibilidad de hacerlo.
Un ciudadano centroeuropeo considera el impuesto como un pago por los servicios que nos ofrece el Estado. Un ciudadano sureuropeo considera el impuesto una carga, entre otras cosas porque probablemente los servicios que recibe a cambio no son de calidad.
Por cierto, en referencia a la cuestión del fraude fiscal quisiera hacer un breve aparte. Se oye en los medios hablar del fraude. Incluso los técnicos de Hacienda acaban de publicar hace muy poquito un informe en el que cuantifican ese fraude en el entorno de los 30.000 millones de euros en España.
Es inevitable pensar instantáneamente en grandes nombres: Botín, Ortega, Álvarez... Sin embargo, estos nombres, sencillamente, no defraudan a Hacienda. Está claro que tienen recursos más que suficientes para contratar a especialistas que planifiquen fiscalmente sus empresas y patrimonios, por lo que no tienen necesidad alguna de incurrir en ocultación fiscal –y, por favor, no me respondan a esto con el tema de las SICAV: es un instrumento legal y lícito, y hasta que nadie lo reforme, serguirá siendo legal y lícito-. ¿De dónde salen entonces los treinta mil millones del ala?
Párese un momento y mire a su alrededor: ¿a cuántos exempleados de la construcción conoce que están oficialmente en paro? ¿de cuánta gente sabe usted que están trabajando en una actividad sin dar de alta en Seguridad Social o Hacienda?
Y ahora respóndase a esta pregunta: ¿de verdad cree que el Estado perseguiría a esta gente que, sin posibilidades de tener un empleo, se está buscando la vida como puede? Es cierto que hay fraude en determinados sectores –profesionales, autónomos...- pero también lo es que siempre echamos la culpa a quien probablemente menos tiene.
En resumen, nuestra propia idiosincrasia puede limitar seriamente nuestras posibilidades de acceder a ese nuevo Tratado de la Unión. De esto son tan conscientes Sarkozy y Merkel como Monti y Rajoy, y por eso los jefes de la Unión Europea dijeron el otro día que el nuevo Tratado es necesario, sea con todos o no.
¿Tiene España posibilidades reales de incluirse en la Europa de categoría A? Sinceramente creo que sí, porque el potencial de crecimiento es considerablemente más grande que el de Italia, por ejemplo, y su ratio de endeudamiento mucho menor. Sin embargo, en la misma proporción están las papeletas para quedarnos fuera, precisamente por las razones que argumento y las posibilidades reales de poner en práctica una armonización fiscal completa.
MARIO J. HURTADO