El candidato del Partido Popular, formación que ganó las últimas elecciones generales, ofreció ayer en el Congreso de los Diputados su esperado discurso por el que solicita la confianza de la Cámara para ser investido presidente del Gobierno en la décima Legislatura del actual período democrático de España.
Era un discurso esperado para conocer, al fin, las medidas que piensa adoptar como Gobierno para afrontar la crisis económica que castiga a este país más severamente, en cuanto a destrucción de empleo, que a cualquier otro de nuestro entorno.
Sin embargo, y a menos que concrete algo más en las sucesivas intervenciones de respuesta a los demás grupos parlamentarios a lo largo del día de hoy, Rajoy sigue sin soltar prenda. Salvo algunos anuncios consoladores para ir preparando el patio, se diría que se reserva para los primeros meses del año el anuncio de los “ajustes” que ya tiene decididos, pero a gran recaudo.
Tras hora y media de una intervención leída y bastante anodina, Mariano Rajoy comenzó presentando las líneas esenciales de un poco concreto Programa de Gobierno, basado en estimular el crecimiento económico del que dependerá la creación de empleo y asegurar el lugar que ha de ocupar España en el mundo.
Para ello, en su opinión, han de acometerse reformas estructurales que abarquen un horizonte de veinte años, que fortalezcan la prosperidad de los españoles, según los valores consagrados en la Constitución.
Entre las reformas que emprenderá nada más formar Gobierno, se halla la que procura la estabilidad presupuestaria, que será la primera Ley que presente al objeto de limitar el gasto y endeudamiento de las Administraciones en función de los objetivos que se han hecho constar en la propia Constitución.
Le seguirá otra reforma para sanear el sector financiero y completar la reestructuración y concentración que afectan al mismo. El objetivo es dotar a la economía española de flexibilidad y competitividad, mediante la austeridad del sector público y una nueva reforma laboral que modere precios y costes.
Todos estos “ajustes” persiguen la reducción del déficit acordado con Europa, estimado en unos 16.000 millones de euros. No obstante, Rajoy asegura que hasta que no estudie en profundidad las cuentas del Estado, no podrá presentar una previsión de crecimiento.
Por ello, adelantará un Calendario de actuaciones inmediatas para cubrir el vacío legal por la falta de Presupuestos para 2012. En ese sentido, el candidato a presidente ha asegurado en su discurso que presentará un Decreto-Ley de medidas urgentes por el que se prorrogan los actuales presupuestos, se actualiza desde enero el poder adquisitivo de las pensiones -su único compromiso de aumento del gasto- y se presentarán las previsiones macroeconómicas de crecimiento.
Así, se toma hasta el 31 de marzo para elaborar los Presupuestos de 2012 en función del déficit real, con lo que no descarta la adopción de nuevas medidas para corregir cualquier desviación.
Es decir, Rajoy presentó un panorama que supone, aunque no lo explicita, la adopción de duras medidas de “ajuste” que recortarán servicios y derechos a los ciudadanos. Tras hora y media de discurso, sólo aventuró que “descongelará” las pensiones y que no subirá impuestos, menos aún el de Sociedades, según contestó en la réplica al portavoz socialista Alfredo Pérez Rubalcaba.
También anunció recuperar la bonificación por inversión en la vivienda habitual, “racionalizar” el calendario laboral para suprimir los “puentes” festivos, salvo en las fiestas de “mayor arraigo social”, crear el Ministerio de Agricultura, “redimensionar” el sector público y fijar en cero la tasa de reposición del personal, además de alguna que otra iniciativa sin demasiada concreción.
Habrá que aguardar a sus primeras actuaciones gubernamentales para saber lo que piensa hacer, aunque cualquiera puede imaginarlo. En cualquier caso y para concluir este breve análisis de su discurso de investidura, se puede afirmar que Mariano Rajoy, fiel a su socarronería gallega, es capaz de estar hablando noventa minutos para decir sólo que subirá las pensiones y no aumentará los impuestos. Y que todo lo demás, incluido los nombres de quienes serán sus ministros, queda para cuando toque. Y tocará cuando él decida.
Eso sí, la jubilación seguirá a los 67 años, el matrimonio homosexual dependerá de la decisión del Tribunal Constitucional, los activos “tóxicos” (especulación fallida) podrán ser resarcidos con dinero público, se ampliará a un tercer año el Bachillerato y habrá diálogo y transparencia en la actitud del Gobierno.
Su programa, aseguró, es una “oferta de esperanza” en la que “el esfuerzo, la tenacidad y la confianza” son el precio para abordar una tarea “ingrata” que garantizará el futuro. Si él lo dice…
Era un discurso esperado para conocer, al fin, las medidas que piensa adoptar como Gobierno para afrontar la crisis económica que castiga a este país más severamente, en cuanto a destrucción de empleo, que a cualquier otro de nuestro entorno.
Sin embargo, y a menos que concrete algo más en las sucesivas intervenciones de respuesta a los demás grupos parlamentarios a lo largo del día de hoy, Rajoy sigue sin soltar prenda. Salvo algunos anuncios consoladores para ir preparando el patio, se diría que se reserva para los primeros meses del año el anuncio de los “ajustes” que ya tiene decididos, pero a gran recaudo.
Tras hora y media de una intervención leída y bastante anodina, Mariano Rajoy comenzó presentando las líneas esenciales de un poco concreto Programa de Gobierno, basado en estimular el crecimiento económico del que dependerá la creación de empleo y asegurar el lugar que ha de ocupar España en el mundo.
Para ello, en su opinión, han de acometerse reformas estructurales que abarquen un horizonte de veinte años, que fortalezcan la prosperidad de los españoles, según los valores consagrados en la Constitución.
Entre las reformas que emprenderá nada más formar Gobierno, se halla la que procura la estabilidad presupuestaria, que será la primera Ley que presente al objeto de limitar el gasto y endeudamiento de las Administraciones en función de los objetivos que se han hecho constar en la propia Constitución.
Le seguirá otra reforma para sanear el sector financiero y completar la reestructuración y concentración que afectan al mismo. El objetivo es dotar a la economía española de flexibilidad y competitividad, mediante la austeridad del sector público y una nueva reforma laboral que modere precios y costes.
Todos estos “ajustes” persiguen la reducción del déficit acordado con Europa, estimado en unos 16.000 millones de euros. No obstante, Rajoy asegura que hasta que no estudie en profundidad las cuentas del Estado, no podrá presentar una previsión de crecimiento.
Por ello, adelantará un Calendario de actuaciones inmediatas para cubrir el vacío legal por la falta de Presupuestos para 2012. En ese sentido, el candidato a presidente ha asegurado en su discurso que presentará un Decreto-Ley de medidas urgentes por el que se prorrogan los actuales presupuestos, se actualiza desde enero el poder adquisitivo de las pensiones -su único compromiso de aumento del gasto- y se presentarán las previsiones macroeconómicas de crecimiento.
Así, se toma hasta el 31 de marzo para elaborar los Presupuestos de 2012 en función del déficit real, con lo que no descarta la adopción de nuevas medidas para corregir cualquier desviación.
Es decir, Rajoy presentó un panorama que supone, aunque no lo explicita, la adopción de duras medidas de “ajuste” que recortarán servicios y derechos a los ciudadanos. Tras hora y media de discurso, sólo aventuró que “descongelará” las pensiones y que no subirá impuestos, menos aún el de Sociedades, según contestó en la réplica al portavoz socialista Alfredo Pérez Rubalcaba.
También anunció recuperar la bonificación por inversión en la vivienda habitual, “racionalizar” el calendario laboral para suprimir los “puentes” festivos, salvo en las fiestas de “mayor arraigo social”, crear el Ministerio de Agricultura, “redimensionar” el sector público y fijar en cero la tasa de reposición del personal, además de alguna que otra iniciativa sin demasiada concreción.
Habrá que aguardar a sus primeras actuaciones gubernamentales para saber lo que piensa hacer, aunque cualquiera puede imaginarlo. En cualquier caso y para concluir este breve análisis de su discurso de investidura, se puede afirmar que Mariano Rajoy, fiel a su socarronería gallega, es capaz de estar hablando noventa minutos para decir sólo que subirá las pensiones y no aumentará los impuestos. Y que todo lo demás, incluido los nombres de quienes serán sus ministros, queda para cuando toque. Y tocará cuando él decida.
Eso sí, la jubilación seguirá a los 67 años, el matrimonio homosexual dependerá de la decisión del Tribunal Constitucional, los activos “tóxicos” (especulación fallida) podrán ser resarcidos con dinero público, se ampliará a un tercer año el Bachillerato y habrá diálogo y transparencia en la actitud del Gobierno.
Su programa, aseguró, es una “oferta de esperanza” en la que “el esfuerzo, la tenacidad y la confianza” son el precio para abordar una tarea “ingrata” que garantizará el futuro. Si él lo dice…
DANIEL GUERRERO