Tras las innumerables protestas, actitudes reivindicativas y denuncias formales en la Administración de Justicia de los funcionarios de la Junta de Andalucía como consecuencia de la aplicación del “Decreto del Enchufismo” -a todas luces injusto e ilegal-, estos empleados públicos se están viendo sometidos a una auténtica caza de brujas por parte del Ejecutivo andaluz. Es injusta la aplicación del Decreto 1/2011 de Reordenación del Sector Público Andaluz -más conocido como “Decreto del Enchufismo”- por el que se convierten a 25.000 externos en empleados públicos sin superar las correspondientes pruebas de oposición, entrando a formar parte de las numerosas agencias públicas creadas por el Gobierno autonómico.
De esta manera, lo que se hace es duplicar -y en algunos casos hasta triplicar- el gasto, ya que previamente -y antes de tomar esta medida- se había contratado a empresas para realizar trabajos que, supuestamente, iban a dejar de hacer los trabajadores externos a punto de ser defenestrados, por eso de la reducción del gasto y la crisis.
Trabajadores que ahora son aupados y llevados en volandas a la entrada por la puerta grande de la Junta, eso sí, en la mayoría de los casos cobrando casi el doble de un funcionario de oposición y, por supuesto, teniendo más derechos (véase el BOJA nº 56 de 16 marzo de 2011, donde podemos ver un incremento de un 8 por ciento de las retribuciones de los titulados superiores y medios, mientras que el sueldo del resto de los funcionarios se reduce en un 5 por ciento) y menos deberes (pues son muchos los que, seguramente, no cumplan el total de su jornada laboral ya que ni siquiera tienen control y están exentos de "picar").
Evidentemente, estas medidas llevadas a cabo por el actual presidente de la Junta, José Antonio Griñán, y por su lugarteniente en materia de Economía y Hacienda, Carmen Martínez Aguayo, suponen un notable aumento del gasto para sueldos, equipamientos, material, mantenimiento... y una reducción del gasto general de la Administración Pública andaluza en otras competencias.
Pero no vayan a pensar que esta "equivocación" tiene visos de ser subsanada. La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha dictado una sentencia contra el Decreto 103/2011 de 19 de abril, dándole la razón a los funcionarios. Sin embargo, la Administración andaluza, lejos de aceptar la sentencia, ha hecho oídos sordos y ha recurrido a un estamento superior.
El recurso fallado en contra de la Junta es el primero de otros veintisiete que quedan por resolver y se presentó alegando la vulneración del derecho fundamental a acceder a la Función Pública conforme a los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad de la convocatoria -derechos reconocidos y garantizados por los artículos 14 y 23 de la Constitución Española-.
En definitiva, estas personas (534 “empleados públicos” de los que 373 son del Grupo A) se convirtieron automáticamente en personal laboral de las agencias, con las consiguientes potestades y funciones públicas y, por supuesto, eludiendo el derecho que tiene cualquier ciudadano de participar en los procesos selectivos necesarios para formar parte de ella.
En una Comunidad donde hay un millón de parados puede parecer egoísta denunciar que la Administración dé trabajo a 25.000 personas. Pero no se critica este hecho; al contrario, se alaba. Lo que se critica es que se esté haciendo vulnerando la Ley y cerrando la puerta a cuídanos andaluces sin carnet político, ni familiares ni amigos que los enchufen.
Los puestos que sean necesarios para la Administración deberían ser creados y convocados en oposición bajo la Oferta de Empleo Público donde se garantice la igualdad de derechos. En cuanto a los trabajos que puedan realizar particulares o empresas externas -siempre que se considere oportuno, se ahorre y se preste igual o mejor servicio-, se debe actuar según Ley y convocar un concurso real en el que las empresas privadas que opten no tengan ninguna vinculación con la Administración, nada más que el trabajo que hayan acordado realizar por el tiempo que interese y sea rentable para ambas partes.
El hecho es muy grave, ya que se vulnera la igualdad de derechos del ciudadano y la Administración se salta a la torera su deber inquebrantable de velar por el cumplimiento de la ley y no eludir las leyes que ella misma ha creado.
Mientras tanto, los dirigentes socialistas callados. ¿Por que aquí no hay que defender los derechos del ciudadano? ¿Por qué no se levantan y obligan a Griñán a que deje de hacer experimentos con el dinero de todos los contribuyentes? ¿Por qué desde Madrid no se pone algo de cordura a todo esto?
No lo entiendo. Para mí, el Partido Socialista era un partido integrado por gente implicada y crítica con las decisiones que sus dirigentes tomaban; gente sin venda en los ojos. Pero, en este caso, la venda está rodeada de cinta americana. Nadie con cargo dice "esta boca es mía" y las bases ni saben ni quieren saber ¡Habría que oírlos si esta medida la hubiera tomado el PP!
Ya para colmo, y cuando tenía elegida la fotografía y redactado el artículo de esta semana, me informa mi persona de confianza en materia de Administración Pública andaluza que han paralizado el Concurso de Méritos. O sea, que tras esperar casi dos años para que se convoque -cuando legalmente tendría que ser cada seis meses- y tras ocho meses esperando su fin, a tan sólo cuatro días de la finalización del plazo legal, pretenden modificar una base del Decreto aplicado.
Esta medida injusta, revanchista e ilegal, más propia de un cabreo que de un acto de buena voluntad, no beneficia a nadie ya que afecta a unos 12.000 funcionarios, muchos de los cuales se encuentran trabajando y viviendo en dos provincias distintas, con sueldos que, en su mayoría, que no superan los 1.200 euros.
Había pensado y redactado este articulo para ilustrar una fotografía del actual presidente de la Junta de Andalucía en una visita a Montilla, pero la he cambiado por esta otra, tomada en la Casa del Pueblo.
En la instantánea aparecen Manuel Chaves, vicepresidente Tercero y ministro de Política Territorial -además de responsable de la elección de Griñán como sucesor-, junto a Rosa Lucía Polonio, exalcaldesa de Montilla y ex diputada nacional -ahora concejala del Ayuntamiento de Montilla en la oposición-; Juan Pablo Durán, secretario General del PSOE de Córdoba; la alcaldesa de Moriles y presidenta de la Mancomunidad de Municipios Campiña Sur, Francisca Carmona; e Isabel Niñoles, diputada provincial y exalcaldesa de Fernán Núñez.
Todos ellos dirigentes del PSOE y responsables tanto de lo bueno como de lo malo en cuanto a gestión de la Administración socialista se refiere. Responsables, también, de seguir de brazos cruzados y, como se ve en la fotografía, mirando ensimismados y revoloteando a Chaves como si de un ser superior o un holograma se tratara.
Ellos son los que tendrían que levantar la voz y hacer ver a sus dirigentes y compañeros con responsabilidad y capacidad de decisión en lo más alto del partido que se están equivocando y que el camino a seguir es otro.
Todos los protagonistas de la foto tienen posibilidad y fácil acceso a los dirigentes de la Junta y, por ello, deberían de tomar partido y poner fin a ésta y otras irregularidades bochornosas e impropias de un partido como el Socialista, una organización política que ha hecho mucho por el bienestar y la igualdad de los ciudadanos y al que no pocos nos gustaría seguir confiando nuestro voto.
Es la hora de políticos valientes y no de palmeros complacientes para volver a conseguir la respetabilidad de la Junta de Andalucía. Es hora de acabar con la desigualdad, el enchufismo, la palabrería vana, la sonrisa electoralista y el caciquismo encubierto al que nos tienen acostumbrados muchos dirigentes en no pocas políticas competentes del Gobierno regional.
De esta manera, lo que se hace es duplicar -y en algunos casos hasta triplicar- el gasto, ya que previamente -y antes de tomar esta medida- se había contratado a empresas para realizar trabajos que, supuestamente, iban a dejar de hacer los trabajadores externos a punto de ser defenestrados, por eso de la reducción del gasto y la crisis.
Trabajadores que ahora son aupados y llevados en volandas a la entrada por la puerta grande de la Junta, eso sí, en la mayoría de los casos cobrando casi el doble de un funcionario de oposición y, por supuesto, teniendo más derechos (véase el BOJA nº 56 de 16 marzo de 2011, donde podemos ver un incremento de un 8 por ciento de las retribuciones de los titulados superiores y medios, mientras que el sueldo del resto de los funcionarios se reduce en un 5 por ciento) y menos deberes (pues son muchos los que, seguramente, no cumplan el total de su jornada laboral ya que ni siquiera tienen control y están exentos de "picar").
Evidentemente, estas medidas llevadas a cabo por el actual presidente de la Junta, José Antonio Griñán, y por su lugarteniente en materia de Economía y Hacienda, Carmen Martínez Aguayo, suponen un notable aumento del gasto para sueldos, equipamientos, material, mantenimiento... y una reducción del gasto general de la Administración Pública andaluza en otras competencias.
Pero no vayan a pensar que esta "equivocación" tiene visos de ser subsanada. La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha dictado una sentencia contra el Decreto 103/2011 de 19 de abril, dándole la razón a los funcionarios. Sin embargo, la Administración andaluza, lejos de aceptar la sentencia, ha hecho oídos sordos y ha recurrido a un estamento superior.
El recurso fallado en contra de la Junta es el primero de otros veintisiete que quedan por resolver y se presentó alegando la vulneración del derecho fundamental a acceder a la Función Pública conforme a los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad de la convocatoria -derechos reconocidos y garantizados por los artículos 14 y 23 de la Constitución Española-.
En definitiva, estas personas (534 “empleados públicos” de los que 373 son del Grupo A) se convirtieron automáticamente en personal laboral de las agencias, con las consiguientes potestades y funciones públicas y, por supuesto, eludiendo el derecho que tiene cualquier ciudadano de participar en los procesos selectivos necesarios para formar parte de ella.
En una Comunidad donde hay un millón de parados puede parecer egoísta denunciar que la Administración dé trabajo a 25.000 personas. Pero no se critica este hecho; al contrario, se alaba. Lo que se critica es que se esté haciendo vulnerando la Ley y cerrando la puerta a cuídanos andaluces sin carnet político, ni familiares ni amigos que los enchufen.
Los puestos que sean necesarios para la Administración deberían ser creados y convocados en oposición bajo la Oferta de Empleo Público donde se garantice la igualdad de derechos. En cuanto a los trabajos que puedan realizar particulares o empresas externas -siempre que se considere oportuno, se ahorre y se preste igual o mejor servicio-, se debe actuar según Ley y convocar un concurso real en el que las empresas privadas que opten no tengan ninguna vinculación con la Administración, nada más que el trabajo que hayan acordado realizar por el tiempo que interese y sea rentable para ambas partes.
El hecho es muy grave, ya que se vulnera la igualdad de derechos del ciudadano y la Administración se salta a la torera su deber inquebrantable de velar por el cumplimiento de la ley y no eludir las leyes que ella misma ha creado.
Mientras tanto, los dirigentes socialistas callados. ¿Por que aquí no hay que defender los derechos del ciudadano? ¿Por qué no se levantan y obligan a Griñán a que deje de hacer experimentos con el dinero de todos los contribuyentes? ¿Por qué desde Madrid no se pone algo de cordura a todo esto?
No lo entiendo. Para mí, el Partido Socialista era un partido integrado por gente implicada y crítica con las decisiones que sus dirigentes tomaban; gente sin venda en los ojos. Pero, en este caso, la venda está rodeada de cinta americana. Nadie con cargo dice "esta boca es mía" y las bases ni saben ni quieren saber ¡Habría que oírlos si esta medida la hubiera tomado el PP!
Ya para colmo, y cuando tenía elegida la fotografía y redactado el artículo de esta semana, me informa mi persona de confianza en materia de Administración Pública andaluza que han paralizado el Concurso de Méritos. O sea, que tras esperar casi dos años para que se convoque -cuando legalmente tendría que ser cada seis meses- y tras ocho meses esperando su fin, a tan sólo cuatro días de la finalización del plazo legal, pretenden modificar una base del Decreto aplicado.
Esta medida injusta, revanchista e ilegal, más propia de un cabreo que de un acto de buena voluntad, no beneficia a nadie ya que afecta a unos 12.000 funcionarios, muchos de los cuales se encuentran trabajando y viviendo en dos provincias distintas, con sueldos que, en su mayoría, que no superan los 1.200 euros.
Había pensado y redactado este articulo para ilustrar una fotografía del actual presidente de la Junta de Andalucía en una visita a Montilla, pero la he cambiado por esta otra, tomada en la Casa del Pueblo.
En la instantánea aparecen Manuel Chaves, vicepresidente Tercero y ministro de Política Territorial -además de responsable de la elección de Griñán como sucesor-, junto a Rosa Lucía Polonio, exalcaldesa de Montilla y ex diputada nacional -ahora concejala del Ayuntamiento de Montilla en la oposición-; Juan Pablo Durán, secretario General del PSOE de Córdoba; la alcaldesa de Moriles y presidenta de la Mancomunidad de Municipios Campiña Sur, Francisca Carmona; e Isabel Niñoles, diputada provincial y exalcaldesa de Fernán Núñez.
Todos ellos dirigentes del PSOE y responsables tanto de lo bueno como de lo malo en cuanto a gestión de la Administración socialista se refiere. Responsables, también, de seguir de brazos cruzados y, como se ve en la fotografía, mirando ensimismados y revoloteando a Chaves como si de un ser superior o un holograma se tratara.
Ellos son los que tendrían que levantar la voz y hacer ver a sus dirigentes y compañeros con responsabilidad y capacidad de decisión en lo más alto del partido que se están equivocando y que el camino a seguir es otro.
Todos los protagonistas de la foto tienen posibilidad y fácil acceso a los dirigentes de la Junta y, por ello, deberían de tomar partido y poner fin a ésta y otras irregularidades bochornosas e impropias de un partido como el Socialista, una organización política que ha hecho mucho por el bienestar y la igualdad de los ciudadanos y al que no pocos nos gustaría seguir confiando nuestro voto.
Es la hora de políticos valientes y no de palmeros complacientes para volver a conseguir la respetabilidad de la Junta de Andalucía. Es hora de acabar con la desigualdad, el enchufismo, la palabrería vana, la sonrisa electoralista y el caciquismo encubierto al que nos tienen acostumbrados muchos dirigentes en no pocas políticas competentes del Gobierno regional.
FRANCIS SALAS
FOTOGRAFÍA: FRANCIS SALAS
FOTOGRAFÍA: FRANCIS SALAS