Si hacemos caso a la consejera de Salud de la Junta, María Jesús Montero, el impago a proveedores por parte del Servicio Andaluz de Salud (SAS) hasta el 1 de enero de este año ascendía a la astronómica cifra de 92.400 millones de las antiguas pesetas. Si, por el contrario, atendemos a las cifras que ofrecen los propios proveedores, que son quienes viven en sus carnes los efectos de la morosidad de la Junta de Andalucía, la deuda ascendería a la todavía más astronómica cifra de 395.304 millones de pesetas, que se distribuirían en más de 209.000 millones a las industrias farmacéuticas por los medicamentos que consumimos y en más de 186.000 millones a otros proveedores de todo tipo, como puedan ser los de industria tecnológica, equipos, suministros alimenticios, transporte sanitario, etc.
Si tenemos en cuenta que el presupuesto del SAS en el Capítulo II -que es del que hablamos- asciende a 2.040 millones de euros (unos 342.000 millones de pesetas) para el presente año 2011, nos encontramos que se debe más de todo lo que en un año se consume, con lo que la deuda no puede sino incrementarse -aunque, como dice la consejera, este incremento se esté ralentizando-, aumentándose a su vez el tiempo que tienen que esperar los proveedores para poder cobrar (que, según algunos informes, está alrededor de los 600 días o, lo que es lo mismo, casi dos años).
Supongo que las grandes industrias podrán soportar estas demoras muy a pesar suyo, pero los pequeños proveedores, o bien terminan por cerrar sus empresas o, simplemente, por no acudir a los concursos del SAS, limitando con ello su capacidad de maniobra empresarial.
Queda por conocer si muchos de los proveedores, conocedores de las demoras en el pago, no se pondrán de acuerdo para incrementar sus precios a razón del tanto por ciento de interés estimado según la posible fecha de pago.
¿Qué está sucediendo? Pues que la descentralización sanitaria ha venido a demostrar la incapacidad de muchos gestores para administrar un servicio público que precisa de una profunda reestructuración que nadie se atreve a afrontar por motivos simplemente electoralistas. Escribía recientemente sobre la denominada insostenibilidad del sistema sanitario y las cifras que les he dado hablan elocuentemente de ello.
Si queremos una Sanidad Pública de última generación, capaz de ofrecer todo tipo de prestaciones a toda la población española o residente en España sin exclusión, resulta evidente que nuestra sociedad deberá hacer un importante esfuerzo económico, que con toda seguridad habrá que aplicar a través de un incremento de impuestos, junto al no menos importante esfuerzo político que representa renunciar a ciertos niveles de descentralización, coordinando los diferentes modelos autonómicos a fin de hacerlos intercambiables entre sí, a la vez que mucho más rentables en sus prestaciones, racionalizando el mapa de las mismas.
No pueden ganarse elecciones prometiendo un centro de salud en cada manzana o un hospital en cada pueblo porque este país no puede permitirse tal dispendio de medios. Frente a ello, el Ministerio de Sanidad debe recoger algunos hilos de la gestión, recuperando la función coordinadora por mucho que las Comunidades Autónomas hayan de renunciar a parte de su autonomía de gestión sanitaria.
Cabe, en último término, plantearnos otro modelo de Sanidad Pública, con diferente modelo de financiación y distinto universo de actuación, que habremos de valorar entre todos.
Lo que realmente no es soportable es seguir con la situación actual, gastando y no pagando, y a la espera de que la teta del Estado les resuelva a los distintos gobiernos autonómicos un problema que, o bien han creado ellos mismos, o no han tenido arrestos suficientes para solucionar.
Si tenemos en cuenta que el presupuesto del SAS en el Capítulo II -que es del que hablamos- asciende a 2.040 millones de euros (unos 342.000 millones de pesetas) para el presente año 2011, nos encontramos que se debe más de todo lo que en un año se consume, con lo que la deuda no puede sino incrementarse -aunque, como dice la consejera, este incremento se esté ralentizando-, aumentándose a su vez el tiempo que tienen que esperar los proveedores para poder cobrar (que, según algunos informes, está alrededor de los 600 días o, lo que es lo mismo, casi dos años).
Supongo que las grandes industrias podrán soportar estas demoras muy a pesar suyo, pero los pequeños proveedores, o bien terminan por cerrar sus empresas o, simplemente, por no acudir a los concursos del SAS, limitando con ello su capacidad de maniobra empresarial.
Queda por conocer si muchos de los proveedores, conocedores de las demoras en el pago, no se pondrán de acuerdo para incrementar sus precios a razón del tanto por ciento de interés estimado según la posible fecha de pago.
¿Qué está sucediendo? Pues que la descentralización sanitaria ha venido a demostrar la incapacidad de muchos gestores para administrar un servicio público que precisa de una profunda reestructuración que nadie se atreve a afrontar por motivos simplemente electoralistas. Escribía recientemente sobre la denominada insostenibilidad del sistema sanitario y las cifras que les he dado hablan elocuentemente de ello.
Si queremos una Sanidad Pública de última generación, capaz de ofrecer todo tipo de prestaciones a toda la población española o residente en España sin exclusión, resulta evidente que nuestra sociedad deberá hacer un importante esfuerzo económico, que con toda seguridad habrá que aplicar a través de un incremento de impuestos, junto al no menos importante esfuerzo político que representa renunciar a ciertos niveles de descentralización, coordinando los diferentes modelos autonómicos a fin de hacerlos intercambiables entre sí, a la vez que mucho más rentables en sus prestaciones, racionalizando el mapa de las mismas.
No pueden ganarse elecciones prometiendo un centro de salud en cada manzana o un hospital en cada pueblo porque este país no puede permitirse tal dispendio de medios. Frente a ello, el Ministerio de Sanidad debe recoger algunos hilos de la gestión, recuperando la función coordinadora por mucho que las Comunidades Autónomas hayan de renunciar a parte de su autonomía de gestión sanitaria.
Cabe, en último término, plantearnos otro modelo de Sanidad Pública, con diferente modelo de financiación y distinto universo de actuación, que habremos de valorar entre todos.
Lo que realmente no es soportable es seguir con la situación actual, gastando y no pagando, y a la espera de que la teta del Estado les resuelva a los distintos gobiernos autonómicos un problema que, o bien han creado ellos mismos, o no han tenido arrestos suficientes para solucionar.
ENRIQUE BELLIDO