La Ley Orgánica 2/2011, de 28 de enero, venía a modificar la Ley General del Régimen Electoral de 1985 en distintos aspectos de los que me interesa destacar en esta ocasión el que hace referencia a la pretensión -y conste que digo "pretensión"- de ahorro por parte de los partidos políticos en campaña electoral dada la situación económica por la que atraviesa el país.
En tal sentido, el artículo 53 de la antigua ley queda redactado de la siguiente forma "[...] desde la convocatoria de las elecciones hasta el inicio legal de la campaña, queda prohibida la realización de publicidad o propaganda electoral mediante carteles, soportes comerciales o inserciones en prensa, radio u otros medios digitales [...]".
¿Qué supone ello? Pues que desde el 28 de marzo hasta el 7 de mayo, los partidos políticos habrán de hacer enmudecer a sus mecanismos publicitarios, en un intento -vuelvo a repetir, "intento"- de recortar gastos electorales que, en último término, no lo olvidemos, por una u otra vía pagamos todos los españoles.
Y hablo de "pretensión" o "intento" porque todo aquello que parece ser que se quería ahorrar, en realidad se está gastando con creces durante estas fechas y estoy seguro que hasta ese 28 de marzo, si nos atenemos a la ingente plantación de vallas publicitarias que por nuestras ciudades se viene realizando y a la publicidad electoral que en todas sus formas y versiones se viene distribuyendo por todos los hogares.
Una modificación legal de la que parecen reirse los propios partidos que la han propiciado, haciendo bueno aquello de que "quien hace la ley, hace la trampa", por mucho que ésta ni tan siquiera sirva para captar un elector nuevo.
Porque ya me dirán ustedes para qué sirve este dinero gastado en cartelería tres meses antes de las elecciones, cuando todos los partidos políticos, en lugar de vender las caras de sus candidatos y sus lemas ostentosos, debieran haber dedicado sus esfuerzos de los cuatro años anteriores en demostrar que unos y otros, candidatos y lemas, ofrecieran garantías de futuro a la sociedad que el 22 de mayo deberá elegir en las urnas.
¿O es que hay sesudos proyectistas electorales que todavía piensan que quienes ocupen mayor número de metros cuadrados de vista aérea o distribuyan más dípticos o trípticos obtendrán mayor apoyo popular?
Lo que realmente existe es una hipocresía lacerante por parte de las organizaciones políticas, incapaces de ponerse de acuerdo a la hora de limitar su gasto electoral, porque todas ellas, sin excepción, están convencidas de que al no haber hecho sus deberes institucionales si no se publicitan pasarán desapercibidas.
Y ahí las tenemos, consumiendo madera de los árboles de vete tú a saber qué país antiguamente boscoso y pagando el papel impreso a varios colores a precio de oro para el uso final que se va a dar al mismo, sin que el ciudadano, en muchos casos, sea capaz de identificar por sus hechos a unos candidatos que por aquello de las listas cerradas incluso les vienen impuestos.
En tal sentido, el artículo 53 de la antigua ley queda redactado de la siguiente forma "[...] desde la convocatoria de las elecciones hasta el inicio legal de la campaña, queda prohibida la realización de publicidad o propaganda electoral mediante carteles, soportes comerciales o inserciones en prensa, radio u otros medios digitales [...]".
¿Qué supone ello? Pues que desde el 28 de marzo hasta el 7 de mayo, los partidos políticos habrán de hacer enmudecer a sus mecanismos publicitarios, en un intento -vuelvo a repetir, "intento"- de recortar gastos electorales que, en último término, no lo olvidemos, por una u otra vía pagamos todos los españoles.
Y hablo de "pretensión" o "intento" porque todo aquello que parece ser que se quería ahorrar, en realidad se está gastando con creces durante estas fechas y estoy seguro que hasta ese 28 de marzo, si nos atenemos a la ingente plantación de vallas publicitarias que por nuestras ciudades se viene realizando y a la publicidad electoral que en todas sus formas y versiones se viene distribuyendo por todos los hogares.
Una modificación legal de la que parecen reirse los propios partidos que la han propiciado, haciendo bueno aquello de que "quien hace la ley, hace la trampa", por mucho que ésta ni tan siquiera sirva para captar un elector nuevo.
Porque ya me dirán ustedes para qué sirve este dinero gastado en cartelería tres meses antes de las elecciones, cuando todos los partidos políticos, en lugar de vender las caras de sus candidatos y sus lemas ostentosos, debieran haber dedicado sus esfuerzos de los cuatro años anteriores en demostrar que unos y otros, candidatos y lemas, ofrecieran garantías de futuro a la sociedad que el 22 de mayo deberá elegir en las urnas.
¿O es que hay sesudos proyectistas electorales que todavía piensan que quienes ocupen mayor número de metros cuadrados de vista aérea o distribuyan más dípticos o trípticos obtendrán mayor apoyo popular?
Lo que realmente existe es una hipocresía lacerante por parte de las organizaciones políticas, incapaces de ponerse de acuerdo a la hora de limitar su gasto electoral, porque todas ellas, sin excepción, están convencidas de que al no haber hecho sus deberes institucionales si no se publicitan pasarán desapercibidas.
Y ahí las tenemos, consumiendo madera de los árboles de vete tú a saber qué país antiguamente boscoso y pagando el papel impreso a varios colores a precio de oro para el uso final que se va a dar al mismo, sin que el ciudadano, en muchos casos, sea capaz de identificar por sus hechos a unos candidatos que por aquello de las listas cerradas incluso les vienen impuestos.
ENRIQUE BELLIDO