El Informe del Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes de la OCDE -o Informe PISA, por sus siglas en inglés- vuelve a situarnos, una vez más, en la realidad. Hace unos días escuchaba las declaraciones del secretario de Estado de Educación y las del consejero andaluz, intentando matizar unos datos que situan a España y a Andalucía lejos de los países y de las regiones más desarrolladas, no mejorando los resultados obtenidos en 2003, por mucho que se mejoren, en algo, los de 2006 -que fueron peores a sus antecesores-.
Ello demuestra, claramente, que nuestro sistema educativo hace aguas allá por donde se mire, ya sean las ciencias, las Matemáticas o las letras, poniendo en jaque a la principal opción de desarrollo económico y social de toda población, como es la formación y la educación de sus miembros.
Se podrán poner en marcha políticas presupuestarias, fiscales, de ahorro o incluso sociales, para intentar hacer frente a la crisis en la que estamos sumidos, pero si España no cuenta con un efectivo plan de desarrollo cultural e intelectual de las nuevas generaciones, seguiremos siendo un país dependiente del extranjero en todo aquello que representa desarrollo, investigación y nuevas tecnologías, sin que, además, seamos competitivos en mano de obra barata, como se está viendo con el traslado de las grandes empresas multinacionales y alguna que otra nacional a otras latitudes, en algún caso no tan lejanas como Marruecos.
Que nos encontremos por detras de Grecia -intervenida por la Unión Europea-, Eslovenia, Letonia, Macao, Portugal, Corea o Estonia, así como de los principales países del marco europeo y, además, que lo hagamos de forma mantenida, o sea, evaluación tras evaluación, indica que, con las actuales políticas educativas, nos será imposible competir de igual a igual con ellos, obligándonos a mantenernos en un grupo, el de los simplemente aprobados, con menores perspectivas de futuro.
El caso de Andalucía resulta del todo sangrante. Nos encontramos a la cola de las Comunidades Autónomas españolas y mientras en el cómputo mundial Madrid y Castilla-León se sitúan en el puesto número 12, a Andalucía hay que buscarla en el 41, detrás de Turquía y delante de Dubai.
Es más, la diferencia existente en lectura entre Madrid y Castilla-León con Andalucía es superior a los cuarenta puntos lo que, en base al esquema de la encuesta, representa más de un año lectivo perdido por nuestros alumnos con respecto a los de esas Comunidades.
Tanto en Matemáticas como en ciencias o lectura nos situamos por debajo de la media europea y no digamos ya de la media de los 65 paises encuestados, entre los que se encuentran muchos de la América latina o de las nuevas repúblicas del Este.
Así no es de extrañar que sindicatos de la Educación como ANPE denunciasen recientemente el incumplimiento de las medidas acordadas en 2007 por la Consejería en cuanto al incremento de plantillas de profesorado, reducción de ratios y mayor dotación de personal administrativo y de monitores escolares.
Si a ello sumamos la progresiva devaluación que del papel y la autoridad del profesorado se ha venido haciendo, en aras de una "singular" libertad educativa y del alumnado, es lógico que solo al consejero y a la Junta de Gobierno de Andalucía les extrañen los datos e, incluso, hagan el ridículo intentando justificarlos.
La solución ha de venir por todo un cambio de la filosofía educativa, despolitizándola y profesionalizándola de forma que toda ella se vertebre en torno al alumno como receptor de formación y educación, y del profesor y de la familia de aquél como partícipes directos en un proceso formativo que ha de establecerse sobre bases de competitividad y mérito de las que hoy se carece.
No es cuestión de que nuestros alumnos aprueben -hoy ni siquiera hace falta para superar un curso-, sino de que su formación les sirva, realmente, para ser competitivos en un mercado que internacionalmente opta por los mejores. Lo contrario, mantenernos en los datos del PISA, nos supondrá tener que aceptar nuestro papel secundario en el proceso de desarrollo económico y social mundial.
Ello demuestra, claramente, que nuestro sistema educativo hace aguas allá por donde se mire, ya sean las ciencias, las Matemáticas o las letras, poniendo en jaque a la principal opción de desarrollo económico y social de toda población, como es la formación y la educación de sus miembros.
Se podrán poner en marcha políticas presupuestarias, fiscales, de ahorro o incluso sociales, para intentar hacer frente a la crisis en la que estamos sumidos, pero si España no cuenta con un efectivo plan de desarrollo cultural e intelectual de las nuevas generaciones, seguiremos siendo un país dependiente del extranjero en todo aquello que representa desarrollo, investigación y nuevas tecnologías, sin que, además, seamos competitivos en mano de obra barata, como se está viendo con el traslado de las grandes empresas multinacionales y alguna que otra nacional a otras latitudes, en algún caso no tan lejanas como Marruecos.
Que nos encontremos por detras de Grecia -intervenida por la Unión Europea-, Eslovenia, Letonia, Macao, Portugal, Corea o Estonia, así como de los principales países del marco europeo y, además, que lo hagamos de forma mantenida, o sea, evaluación tras evaluación, indica que, con las actuales políticas educativas, nos será imposible competir de igual a igual con ellos, obligándonos a mantenernos en un grupo, el de los simplemente aprobados, con menores perspectivas de futuro.
El caso de Andalucía resulta del todo sangrante. Nos encontramos a la cola de las Comunidades Autónomas españolas y mientras en el cómputo mundial Madrid y Castilla-León se sitúan en el puesto número 12, a Andalucía hay que buscarla en el 41, detrás de Turquía y delante de Dubai.
Es más, la diferencia existente en lectura entre Madrid y Castilla-León con Andalucía es superior a los cuarenta puntos lo que, en base al esquema de la encuesta, representa más de un año lectivo perdido por nuestros alumnos con respecto a los de esas Comunidades.
Tanto en Matemáticas como en ciencias o lectura nos situamos por debajo de la media europea y no digamos ya de la media de los 65 paises encuestados, entre los que se encuentran muchos de la América latina o de las nuevas repúblicas del Este.
Así no es de extrañar que sindicatos de la Educación como ANPE denunciasen recientemente el incumplimiento de las medidas acordadas en 2007 por la Consejería en cuanto al incremento de plantillas de profesorado, reducción de ratios y mayor dotación de personal administrativo y de monitores escolares.
Si a ello sumamos la progresiva devaluación que del papel y la autoridad del profesorado se ha venido haciendo, en aras de una "singular" libertad educativa y del alumnado, es lógico que solo al consejero y a la Junta de Gobierno de Andalucía les extrañen los datos e, incluso, hagan el ridículo intentando justificarlos.
La solución ha de venir por todo un cambio de la filosofía educativa, despolitizándola y profesionalizándola de forma que toda ella se vertebre en torno al alumno como receptor de formación y educación, y del profesor y de la familia de aquél como partícipes directos en un proceso formativo que ha de establecerse sobre bases de competitividad y mérito de las que hoy se carece.
No es cuestión de que nuestros alumnos aprueben -hoy ni siquiera hace falta para superar un curso-, sino de que su formación les sirva, realmente, para ser competitivos en un mercado que internacionalmente opta por los mejores. Lo contrario, mantenernos en los datos del PISA, nos supondrá tener que aceptar nuestro papel secundario en el proceso de desarrollo económico y social mundial.
ENRIQUE BELLIDO