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Denigrar a los funcionarios

¿Queremos Administración pública o preferimos gestión privada de los servicios públicos? Esa pregunta debería formulársela el Gobierno a la vista de la fobia con la que trata presupuestariamente a los funcionarios, recogida en el Proyecto de Presupuestos Generales del Estado para el año 2011.

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La verdad es que en muchas Administraciones, los servicios se han venido externalizando a lo largo de los años. La Sanidad pública, gestionada por izquierda, derecha o nacionalistas, o bien ha creado empresas públicas mediante las cuales laboralizar al personal, o bien ha entregado la gestión de los servicios sanitarios y no sanitarios a empresas privadas, o simplemente ha reducido al máximo el número de personal estatutario o funcionarial mediante el bloqueo de los procesos selectivos o la amortización de plazas.

En la Educación sucede algo similar mediante los conciertos en Infantil, Primaria y Secundaria con centros privados, cuando no la disminución de presupuestos en el ámbito universitario que ha hecho crecer el número de universidades privadas.

Igual ha sucedido en ayuntamientos y otras Administraciones públicas que han seguido un proceso imparable de externalización de sus servicios (limpieza, recogida de basuras, seguridad, mantenimiento, hosteleria, etc.).

En cualquier caso, la carga presupuestaria que sigue representando el Capítulo I de la Administración es importante, si bien convendría definir hasta qué punto el Gobierno valora la calidad del servicio que desde la misma se brinda a los ciudadanos.

Les comento esto porque al 5 por ciento de rebaja salarial que los funcionarios sufrimos en este año, una buena parte de ella aplicada en la paga extraordinaria de diciembre, el Ejecutivo de Zapatero añadirá un porcentaje de entre el 1 y el 2 por ciento para el año 2011, según se recoge en el artículo 22.6.2 de la Ley de Presupuestos Generales del Estado,cuando lo comprometido era la congelación de salarios para el año próximo.

Dicha nueva rebaja se establecerá en las pagas extras de junio y diciembre, las cuales se equipararan a la de diciembre de 2010, en una trampa legislativa que merma de nuevo el poder adquisitivo del funcionariado.

Resulta cuando menos curioso, si no vergonzoso, que el Gobierno desprecie de esta forma a los trabajadores públicos y, por otra parte, intente tapar con ellos los malos resultados de la Encuesta de Población Activa (EPA) del tercer trimestre de este año, según los cuales, la caída de la tasa de paro en 69.900 empleos lo ha sido en realidad por la subida de las contrataciones públicas (sustituciones por vacaciones, actividades públicas veraniegas o contratos eventuales en Educación, típicos de septiembre) en 90.300 puestos, mientras en el sector privado se han destruido 20.400 empleos en el pasado trimestre.

Ello nos lleva a muchos funcionarios -de la Sanidad, como es mi caso- a preguntarnos hasta qué punto nuestra participación en la recuperación de la crisis no está superando los límites de la lógica cuando estamos prestando un servicio profesional digno de un mayor respeto por parte de la Administración pública.

Si hay que reducir el número de jueces, secretarios judiciales, médicos, enfermeras, celadores, maestros o profesores de universidad, que se diga claramente. Que se controle, también, a quienes percibiendo un sueldo público no cumplan adecuadamente con sus obligaciones. E, incluso, que se defina, de una vez por todas, qué tipo de Administración estamos dispuestos a mantener y cómo vamos a gestionarla: pública o privadamente.

Sin embargo, ya está bien de denigrar salarial y profesionalmente a una serie de colectivos que, en muchos casos, somos piezas fundamentales del denominado "Estado del Bienestar".
ENRIQUE BELLIDO
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