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No con mis impuestos

España recibirá en esta próxima semana al jefe de la Iglesia Católica. Joseph Ratzinger aterrizará en Santiago de Compostela para celebrar como peregrino el Año Santo Jacobeo. Permanecerá seis horas en la capital gallega. Después, un vuelo chárter le llevará a Barcelona, junto a su séquito, para consagrar la Catedral de la Sagrada Familia.

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Según Rouco Varela, presidente de la Conferencia Episcopal Española, la misión del Papa en nuestro país es la de "invitar a todos los españoles a recuperar las raíces cristianas para que no disminuya el proceso de evangelización”.

Esta evangelización se traducirá, una vez más, en insultos a homosexuales, ateos, agnósticos, profesionales del aborto, mujeres que voluntariamente han interrumpido su embarazo, madres solteras, separadas y divorciadas y a familias formadas por dos papás o dos mamás. Pecadores, todos ellos. Es la cruzada del siglo XXI.

En tiempos de crisis, el viaje evangelizador del jerarca supremo del catolicismo costará a las arcas públicas cerca de cinco millones de euros, sin cuantificar los gastos de protocolo, seguridad y logística que, evidentemente, también serán financiados a cargo del presupuesto público.

Las escasas seis horas que estará Benedicto XVI en Santiago de Compostela le supondrán al erario gallego más de tres millones de euros, de los cuales, la mitad irá destinada a la retransmisión de la visita que emitirá la televisión autonómica de Galicia.

En Barcelona, el importe que conllevará la bendición de la Sagrada Familia por el representante de Jesús de Nazaret en la Tierra será de 1,2 millones de euros. El coste económico de las 23 horas que Ratzinger aprovechará para extender el odio contra los que no se adecuan a la uniformidad y estrechez mental de la institución a la que representa será abonado por la Generalitat de Cataluña y por el Ayuntamiento de la Ciudad Condal.

Cada hora que el líder espiritual de los católicos esté en España nos costará a todos los españoles -ateos, agnósticos, cristianaos ortodoxos, evangélicos, musulmanes, hindúes, judíos, protestantes…- cerca de 150.000 euros. O lo que es lo mismo, la defensa de las bondades de la familia tradicional la pagaremos los ciudadanos, incluso aquellos que nos sentiremos insultados, vejados, humillados y censurados por el Papa.

Lo anteriormente enumerado es el precio monetario que nos costará la visita del pontífice. El precio político ha sido la rendición del Estado a la Iglesia Católica. El gobierno de Zapatero, que llevaba en su programa electoral la aprobación de una nueva Ley de Libertad Religiosa para articular la nueva realidad de la sociedad española, ha decidido guardar “de momento” el borrador de esta norma. "No es aconsejable cabrear al líder de los católicos" -habrán pensando en Moncloa-.

La no tramitación parlamentaria de esta ley seguirá permitiendo que los ministros juren o prometan sus cargos delante de un crucifijo -como hemos podido observar en la última remodelación del Gobierno-; que las aulas de los hospitales públicos o centros educativos sigan estando presididas por símbolos confesionales; o que en un funeral de Estado vuelva a ser una celebración católica oficiada por la jerarquía de esta confesión, aunque entre los fallecidos haya no creyentes o musulmanes -como ocurrió con el funeral de Estado del 11-M-.

Abogar por la división entre Iglesia-Estado es apostar por la libertad y por una democracia verdadera, que va mucho más allá de que podamos votar cada cuatro años. La democracia es un conjunto de valores más que de mecanismos. El laicismo debe ser un imperativo ético como señal de respeto a los no creyentes o a quienes profesan otras creencias. Sí a la visita del Papa, pero no con mis impuestos.
RAÚL SOLÍS
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