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La Fiesta Mexicana

Desde los tiempos de la Unión Soviética, el argumento del intervencionismo imperialista es un punto de encuentro de numerosos gobiernos que no cuentan con el beneplácito de EEUU. Venezuela no ha sido una excepción. Hugo Chávez usó este argumento en vida para justificar buena parte de sus políticas, y su sucesor no ha sido menos. Sin embargo, el argumento ha pasado a transformarse en una auténtica teoría conspiratoria en los últimos días.

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El ministro de Relaciones de Interior, Justicia y Paz, Miguel Rodríguez Torres, informó el pasado 2 de mayo de una conspiración de carácter internacional para acabar con el régimen bolivariano, que se remontaría a octubre de 2010.

Por aquellas fechas, se habría celebrado en tierras mexicanas una serie de reuniones auspiciadas por la diplomacia estadounidense, que tendría como principal objetivo elaborar un plan conspiratorio a largo plazo contra el Gobierno Bolivariano.

De acuerdo con el ministro, esta información proviene de un informe elaborado por la diputada Delsa Solórzano, y coincide en el tiempo con la detención de El Aviador, uno de los líderes de las guarimbas, que estaría implicado en este "golpe de estado suave".

De acuerdo con el informe, el cerebro de la Fiesta Mexicana sería el abogado y activista Gustavo Tovar Arroyo, con el beneplácito y consejo del Departamento de Estado de EEUU. Este habría decidido, junto al resto de asistentes, colocar al opositor Leopoldo López, actualmente en prisión, como líder unificador del "golpe suave".

El objetivo principal de la trama sería el fin del Estado Bolivariano en Venezuela para alcanzar el control de los recursos petrolíferos y evitar la expansión del "socialismo del siglo XXI" en Latinoamérica. Para alcanzar estos objetivos, se desarrollarían dos vías de acción.

La primera se basaría en acusar al Gobierno de la República de violar sistemáticamente los Derechos Humanos, lo que legitimaría movilizaciones en el interior e injerencias extranjeras. Los principales promotores deberían ser los denominados procónsules del Imperio estadounidense, entre los que se encontrarían, entre otros, María Corina Machado, que recientemente fue despojada de su cargo de diputada por el Estado de Miranda; Antonio Ledezma, actual alcalde metropolitano de Caracas; o Diego Arria, político veterano que ha desempeñado importantes cargos tanto para la República como para diversas instituciones internacionales.

La segunda vía de acción implicaría vincular a altos funcionarios del Estado con narcotraficantes y terroristas. De este modo, se fomentaría un ambiente de desconfianza de la clase política venezolana, a los que se les acusaría de promover y financiar a estos criminales. Todo ello en un país que se encuentra entre más inseguros del mundo.

El Gobierno vincula varias acciones del pasado con este plan, como es el caso del Plan País, que promovió en marzo de 2012 una serie de huelgas de hambre, protestas y acciones violentas en distintos centros penitenciarios. Este plan habría sido encabezado por Humberto Prado, director de la oenegé Observatorio de Prisiones.

También se vincula con la conspiración un encuentro en 2012 entre distintas organizaciones consideradas como subversivas por el Gobierno y numerosos opositores. En principio, esta reunión entre los grupos "radicales" Juventud Activa Venezuela Unida (JAVU) y Movimiento 13 habría tenido como objetivo dar un nuevo golpe de estado.

El ministro de Relaciones de Interior, Justicia y Paz también dio detalles sobre la financiación de la conspiración. Los principales benefactores habrían sido la fundación National Endowment for Democracy (NED), la asociación Freedom House, la organización Centre for Applied Non Violent Actions and Strategies (CANVAS), el American Enterprise Institute (AEI) o el Office of Terrorism Preparedness and Emergency Response (OTPER). Aparte, particulares como el político Henrique Salas Römer o Eligio Cedeño, político y empresario condenado por corrupción, han sido acusados de financiar la conspiración.

Si toda esta información ha resultado morbosa para los medios de comunicación, más lo ha sido el listado de asistentes a la Fiesta. El ministro sacó a la palestra a un gran número de viejos enemigos de la causa bolivariana. Muchos de ellos son o fueron dirigentes e, incluso, fundadores del partido opositor Voluntad Popular.

Es el caso de Lester Toledo, que en aquellos años era un influyente líder estudiantil; David Smolansky, actual alcalde de El Hutillo (municipio cercano a Caracas) y que, en aquel momento, era un importante activista estudiantil; Freddy Guevara que, en aquel momento, era concejal del Cabildo Metropolitano de Caracas y presidente de la Comisión de Seguridad Ciudadana y Derechos Humanos de la capital; o Daniel Ceballos, actualmente preso, y que en aquel momento era diputado.

Tampoco habrían faltado viejos enemigos externos del chavismo, como los expresidentes Vicente Fox (México) o Álvaro Uribe (Colombia). También se ve implicado un buen número de militares vinculados con el Golpe de Estado de 2002.

Por supuesto, las protestas que actualmente mantienen al país en el caos son parte de esta conspiración. De hecho, el ministro afirma que las guarimbas están subvencionadas por EEUU y que, por lo pronto, hay 58 extranjeros detenidos por participar en las guarimbas como mercenarios.

Toda esta información sería el resumen de una larga rueda de prensa en la que se dieron aún más datos reveladores. Ahora bien, leído esto, ¿qué se puede pensar de tal conspiración? Para la oposición, es la última payasada de mal gusto del Gobierno, mientras que esta versión de los hechos está en vías de convertirse en un clavo ardiente para un chavismo necesitado de argumentos.

¿Es real la conspiración? Evidentemente, eso es algo que sólo pueden saber a ciencia cierta los implicados. Pero como ya se sabe, no hay verdades irrebatibles, pero tampoco hay mentiras absolutas...

RAFAEL SOTO

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